Es de todos conocido que este fin de semana, primero de las vacaciones, el aeropuerto de El Prat, gracias la compañía ‘Vueling’, compañía de ‘bajo coste’ propiedad de IAG, fruto de la fusión entre British e Iberia, se ha convertido en un infierno. Retrasos y más retrasos han transformado a la terminal aeroportuaria en una improvisada pensión con más de ocho mil personas afectadas que, muchas de ellas, siguen esperando que, siendo clientes, no sean tratados como borregos.
La realidad es que desde hace años, la actitud de la mayoría de compañías aéreas frente a sus pasajeros, se parece más a la de un secuestrador que a la de un servicio contratado. La sensación de colgado a merced de unos personajes uniformados, es bastante común entre los miles de pasajeros de muchas líneas aéreas. Largas colas, retrasos habituales, problemas por los tamaños, quitarte cinturones y zapatos e información a cuenta gotas, hacen, al menos para mí, que el placer de viajar se transforme en el castigo de surcar el cielo.
No soy partidario de que el Estado asuma más y más funciones, pero si alguna función debe tener es la de defender eficazmente al pobre ciudadano de comportamientos de este estilo. A base de avisos y multitas es difícil que, quien tiene la cultura del más fuerte, trate al débil pasajero como cliente a cuidar. Si aparcas mal en Madrid te caen cien euros y si cometes una infracción grave siendo línea aérea te pueden multar con 3.000 euros. ¿Proporcionalidad? Cero.
No entiendo nada. La tomadura de pelo de este fin de semana afecta a dos administraciones: Ministerio de Fomento y Generalidad de Catalunya, ¿tan débiles son que no pueden defender nuestros derechos? ¿Alguien me lo explica?
