La Junta de Tratamiento de la prisión catalana Brians 2 ha aprobado la concesión del tercer grado penitenciario a Oriol Pujol Ferrusola, que cumple ahora una condena de dos años y medio de cárcel tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. 

Oriol Pujol ingresó el pasado 17 de enero en la prisión de Brians 2, en el municipio de Sant Esteve Sesrovires, por los delitos de cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias debido al cobro de comisiones ilegales a varios empresarios.

En la actualidad, Pujol es investigado también por la fortuna que el clan habría ocultado presuntamente a Hacienda en Andorra. Según afirma el juez, la conducta de la familia Pujol encaja en «un patrón de comportamiento sistemático y metodología uniforme» para el «tráfico de influencias y otras actividades corruptas«

El tercer grado ha sido aprobado por la Generalitat de Cataluña, a la que pertenecen las competencias penitenciarias de la comunidad. Ahora, sin embargo, deberá ser confirmado también por la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a las Víctimas. De ser así, el tercer grado será firme y Oriol Pujol podrá salir de prisión de inmediato y únicamente deberá acudir a la cárcel para dormir. La medida podría ser paralizada únicamente mediante un recurso del fiscal de Vigilancia Penitenciaria, en cuyo caso la decisión quedaría en manos de un juez.

El informe oculto de Puigdemont

La concesión de este tercer grado llega al mismo tiempo que sale a luz una auditoría interna que permanecía oculta, en la que Puigdemont admitía un delito de corrupción masiva en la obra pública.

La Guardia Civil descubrió el informe en la mesa de Pilar Matesanz, directora del Área de Contratación y Financiación de ‘Infraestructures. cat’, mientras se llevaba a cabo la operación Pika contra la presunta trama de financiación ilegal del 3% del PDeCAT. 

«Puigdemont ocultó el informe que mostraba la corrupción en la obra pública»

El informe contenía una muestra de 30 procedimientos de contratación tramitados por Infraestructuras entre 2011 y 2015. La auditoría planteaba dudas sobre «la integridad de la información recibida»por los encargados de la auditoría y  se detenía en los procesos de valoración de las ofertas económicas y técnicas, claves en los amaños de concursos de la etapa de Artur Mas.

Los investigadores sostienen ahora que ‘Infraestructuras.cat’ manipuló la valoración de la parte técnica para condicionar el resultado del concurso y permitir que la oferta vencedora fuera siempre, la más cara.