Ayer se reactivó el proceso de reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC), la ‘Ley Mordaza’, tras meses de parálisis. Pedro Sánchez ha declarado en varias ocasiones que iba a derogar los artículos de la ‘Ley Mordaza’, que limitan de forma desproporcionada el ejercicio de la libertad de expresión. En 2015, la ‘Ley Mordaza’ fue creada como respuesta a la multitud de manifestaciones con motivo de la crisis económicas.

La reforma también supuso la ampliación de la potestad sancionadora de la Administración, aumentado el margen de discrecionalidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado en sus intervenciones relativas a la seguridad ciudadana, sin introducir mecanismos de control adecuados que impidan los abusos.

Su aplicación por parte de las Fuerzas de Seguridad ha impactado de forma negativa en el ejercicio del derecho a la libertad de información, y ha llegado a traducirse en autocensura para periodistas y personas que quieren documentar las actuaciones policiales.

Desde su entrada en vigor, el 1 de julio de 2015, hasta el 31 de diciembre de 2017, según datos oficiales del Ministerio del Interior, se han impuesto 73.187 sanciones en aplicación de los artículos 37.4 y 36.6 de la LOSC: lo que supone una media de 80 sanciones diarias con base en alguno de estos dos artículos, y que podría equivaler a casi 25 millones de euros en sanciones impuestas por las fuerzas de seguridad del Estado.

La sanción tipificada por el artículo 37.4, referido a las “faltas de respeto o consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad”, otorga una gran discrecionalidad al agente del orden, ya que la interpretación queda enteramente bajo su consideración a la hora de aplicar la sanción.En el año 2016 se impusieron al menos 19.497 sanciones por este artículo, ascendiendo a las 21.122 en el año 2017. Según los datos del Ministerio del Interior, el total de sanciones impuestas en aplicación de este artículo durante estos dos años podría habría superado los seis millones de euros en multas.

El artículo 36.6 de la LOSC considera grave “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”, y castiga con una multa cuya horquilla es de 601 hasta 30.000 euros.