Por Pedro Taracena Gil
En el caso español, después de haber vivido la experiencia sobre todo de la II República, y habiendo sido masacrada por la Oligarquía, el Ejército y la Iglesia, el anacronismo de un régimen monárquico, obedece a dos características: la primera que en pleno siglo XXI los intereses que trajeron la dinastía de los Borbones para ocupar el Trono de España, siguen en vigor. Había que apartar del poder a todas las opciones de la izquierda considerada más radical, como comunistas, republicanos y secesionistas. Y en segundo lugar, el Rey impuesto por el Caudillo de España que lo fue por la Gracia de Dios, garantiza la continuidad del franquismo, el capitalismo más liberal y el nacionalcatolicismo. Todos ellos encubiertos con la máscara de la letra de la Constitución de 1978, ya que de su espíritu solamente se han ocupado de fosilizar.
En la actualidad es preciso desmitificar y desenmascarar la idea de que Juan Carlos I fuera el artífice de la modélica Transición, el garante de la democracia y mucho menos conseguidor de la reconciliación entre los españoles. Conceptos que siguen siendo asignatura pendiente. ¿Con qué legitimidad el Estado procesa y encarcela a los secesionistas catalanes, cuando ha dejado impune el genocidio y la dictadura franquistas? La Ley de Amnistía de las Cortes Franquistas, amnistiaron a los verdugos pero el delito de lesa humanidad quedó impune. Es verdad que en las monarquías que persisten en Europa, el Rey reina pero no gobierna. No obstante en España este estatus real es verdad a medias, sustentado por alguna mentira. El Rey es más títere que árbitro, como se ha demostrado ante los crímenes legales del 1º de octubre de 2017. El Rey basándose en la amnistía del 77 no ha condenado la dictadura y mucho menos reconocido la existencia de la República. Lejos de ser neutral es marioneta de la herencia franquista y del Gobierno de turno. Ante la guerra la injusticia y los crímenes legales contra su pueblo, es mudo, sordo y ciego. Es un muñeco de trapo que baila al son de la Oligarquía, inclinándose vergonzosamente ante los Prelados de la Iglesia y es permanentemente adulado, silenciando sus fechorías por los impostores del periodismo.
Grosso modo, tomando los textos legislativos de las dos constituciones, la República de 1931 y la Monarquía Parlamentaria de 1978, ambas mantiene un espíritu republicano en el más amplio sentido de lo que es una r e p ú b l i c a. Es la Jefatura del Estado y su permanencia, lo que verdaderamente entran en conflicto con la lógica política del siglo XXI y la democracia a la hora de elegir la máxima magistratura del Estado. Al margen de la legitimidad original de uno u otro caso. Comparemos esta diferencia abismal:
BREVE ENSAYO COMPARATIVO SOBRE LA JEFATURA DEL ESTADO EN LAS DOS ÚLTIMAS CONSTITUCIONES ESPAÑOLAS
REPÚBLICA ESPAÑOLA 1931
Artículo 85
El Presidente de la República es criminalmente responsable de la infracción delictiva de sus obligaciones constitucionales.
El Congreso, por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de sus miembros, decidirá si procede acusar al Presidente de la República ante el Tribunal de Garantías Constitucionales.
Mantenida la acusación por el Congreso, el Tribunal resolverá si la admite o no. En caso afirmativo, el Presidente quedará, desde luego, destituido, procediéndose a nueva elección, y la causa seguirá sus trámites.
Si la acusación no fuese admitida, el Congreso quedará disuelto y se procederá a nueva convocatoria.
Una ley de carácter constitucional determinará el procedimiento para exigir la responsabilidad criminal del Presidente de la República.
http://www.cepc.gob.es/docs/default-source/constituciones-espa/1931_2.pdf?sfvrsn=6
CONSTITUCIÓN MONÁRQUICA ESPAÑOLA 1978
Artículo 56
- El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.
- Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.
- La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65,2.
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/c78/cons_espa.pdf
Llegados hasta aquí, nos sirve de ejemplo que las 17 Comunidades Autónomas son de facto repúblicas coronadas y España una Unión de Repúblicas que integran el Reina de España. En el concierto internacional tenemos Australia, Nueva Zelanda, Canadá y hasta de 16 países más, cuya reina es Isabel II, que lo es por supuesto de Gran Bretaña.
https://www.vix.com/es/btg/56882/los-16-paises-en-que-la-reina-de-inglaterra-todavia-es-reina
El planteamiento secesionista español no es una aberración política, ni su pretensión es un delito condenable. Si no se soluciona el conflicto catalán, supondrá una amenaza para el Estado las reivindicaciones de otras naciones que no nacionalidades, como Euskadi, Catalunya, Baleares y Valencia. El Régimen del 78 es bajo toda consideración un estatus ilegítimo. Y el esperpento se produce cuando los padres de la Santa Transición legitiman la persecución contra Catalunya en base a una legitimación que no tienen.
Que nadie se escandalice si me baso en cuatro pilares que ilegitiman el pretendido Estado de Derecho quebrando el 18 de julio de 1936 y restaurado el 6 de diciembre de 1978:
- El origen del Régimen estuvo en un Golpe de Estado contra la República.
- La legitimidad del Caudillo de España que implantó la dictadura está basada en su victoria sobre la República. Invicto Generalísimo Franco.
- El Dictador instauró la monarquía en un Borbón, Don Juan Carlos que como heredero era ilegítimo, eludiendo así la restauración monárquica que correspondería a su padre Don Juan.
- La Ley de la Amnistía dejó impune el genocidio franquista y la dictadura. El franquismo fue artífice de la Constitución y protagonista hasta nuestros días de la permanente apología del crimen.
Los arquitectos de la Transición y los tutores de la Constitución, han creído que en España se había restablecido el Estado de Derecho que disfrutaba la República, de 1931 a 1939. Pero esta verdad aparente es una mentira apuntalada de embustes. Una ingeniería legal sustenta la gran mentira de la legitimidad. Desde el 1º de abril de 1939 se implanta en España una legalidad con total ausencia de legitimidad. El NODO que creara el general golpista sigue distribuyendo la propaganda del Régimen del 78. La Historia de España es contada por los vencedores, pero solamente ha pretendido que no logrado una amnesia del pueblo con su pasado.
Insisto en hacerme la misma pregunta: ¿Con qué legitimidad el Estado procesa y encarcela a los secesionistas catalanes, cuando ha dejado impune el genocidio y la dictadura franquistas?
No es necesario ser un profeta para establecer que a los franquistas del Partido Popular hay que obligarles democráticamente a que saquen sus sucias manos de las instituciones del Estado, y sobre todo enderezar el camino que el criminal 155 ha dejado sobre el pueblo catalán. El 155 es un crimen legal porque legaliza el uso de la fuerza. “Al cumplimiento forzoso”. Así consta… Presos al carrer. Exiliados a su patria. Procesos archivados y jamás presos políticos.
Soy consciente de que el PSOE, también, discrepará del contenido de este artículo, pero los socialistas hemos sido arte y parte en la puesta en escena de la gran farsa de la Transición. El bipartidismo es cómplice por haber convivido con la impunidad del genocidio franquista. Las mayorías absolutas del PSOE no se han utilizado para sepultar el franquismo en el mismo Panteón de la Historia, donde yacen el Nazismo de Hitler en Alemania y el Fascismo de Mussolini en Italia. El Franquismo-Falangismo-Nacionalcatolicismo de Franco goza de buena salud en nuestra ESPAÑA UNA GRANDE Y LIBRE.
