Pedro Sánchez coge aire tras diez días de tira y afloja con la Generalitat. El Gobierno temía un incendio en las calles de Barcelona con motivo de la celebración del Consejo de Ministras en Barcelona que los independentistas llegaron a calificar de «provocación». Por eso elevó el tono con la amenaza de enviar policías y guardias civiles a Catalunya por la «inacción» de los Mossos ante las movilizaciones de los Comités de Defensa de la República (CDR) en los cortes de carreteras de hace unas semanas.Tras negociaciones interminables sobre su presencia en la capital catalana, el presidente del Gobierno y el de la Generalitat se han visto en un clima de cordialidad en Barcelona. El mismo día en Madrid, los socialistas lograron dos victorias relevantes en el Congreso frente a la derecha de PP y Ciudadanos: sacar adelante un techo de gasto con 6.000 millones de euros más que mantiene vivos los presupuestos y tumbar la alianza de la derecha para cambiar el sistema de elección del Poder Judicial. 

«Nos corresponde a todos abrir una nueva etapa. Una etapa en la que la confrontación dé paso a la concordia. Frente a la polarización de las sociedades, cohesión», dijo el presidente del Gobierno en una intervención ante la patronal catalana tras reunirse con Torra. «Frente a la gesticulación y el ruido –expresó refiriéndose a PP y Ciudadanos–, diálogo, diálogo, diálogo». «Yo estoy dispuesto», apostilló.

El mensaje es un nuevo vaivén en el discurso del dirigente socialista, que tras el batacazo en las elecciones andaluzas que muy probablemente harán perder el Gobierno a Susana Díaz amagó con romper puentes con el independentismo, al que algunos compañeros de partido responsabilizan del fiasco electoral.

El compromiso que han alcanzado Sánchez y Torra es «avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Catalunya, en el marco de la seguridad jurídica». Para el Gobierno un referéndum de autodeterminación queda fuera de esa posibilidad. «La posición del Gobierno es conocida y muy clara; no existe este derecho y en cualquier caso un referéndum que hace un planteamiento binario no resuelve el problema de fondo», dijo la ministra Meritxell Batet en su comparecencia tras la reunión de los presidentes y de miembros de sus gabinetes en paralelo. 

Ese diálogo al que se han emplazado debe conducir a «una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana». Para Sánchez la solución en Catalunya pasa por una reforma del Estatut que obtenga el «consenso transversal, significativo, que represente a una buena parte de la sociedad catalana», según expresó Batet. «Pasa por hablar en términos de autogobierno», ha zanjado la responsable de Política Territorial. El presidente español sostiene que es en el autogobierno donde se encuentran un mayor número de catalanes.

Si para Sánchez los beneficios del encuentro pasan por mostrar normalidad ante la cuestión catalana, a Quim Torra le permiten buscar escapatoria al momento de arrinconamiento que vive, entre la espada del independentismo más exaltado y la pared de una oposición encabezada por Ciudadanos que no le da respiro. El equipo del president está centrado en calmar a sus bases, muy frustradas tras el fracaso de la intentona independentista de octubre de 2017, demostrando que es capaz de llevar sus demandas a una mesa con el Gobierno bajo un esquema de cierta bilateralidad.

Esta es la razón por la que el formato de la reunión ha sido tan peleado por la parte catalana. Finalmente la Generalitat no ha conseguido la fotografía de la bilateralidad que pretendía, pero sí un comunicado conjunto que le permite agarrarse a cuestiones como, por ejemplo, que el texto no hace referencia a la Constitución. Además el Gobierno ha confirmado que mantendrán una nueva reunión de las mismas características en enero, un momento de especial trascendencia por el juicio a los presos independentistas.

Pacto para aislar a la extrema derecha

Otro de los aspectos significativos de la reunión es que Sánchez y Torra se han comprometido a «aislar a la extrema derecha». La irrupción de Vox ha radicalizado el discurso de PP y Ciudadanos y los socialistas han perdido el Gobierno de Andalucía. La llamada «desfranquización» de la sociedad es un asunto en el que ambos ejecutivos pueden encontrarse y que esperan que sirva de trampolín para el resto de acuerdos. 

La cita se produjo en un día en que  las fuerzas independentistas han dado un respiro al Gobierno en el Congreso con la aprobación de la senda de déficit que permite mantener vivos los presupuestos, aunque tanto ERC como el PDeCAT insistieron en la Cámara Baja que eso no implica que las cuentas de 2019, que apuntan 6.000 millones de euros más de gasto, vayan a ser aprobadas.

Este jueves en el que han pasado tantas cosas, el Parlament rechazaba la vía unilateral a la independencia gracias a un moción de los comuns. Un paso relevante, pero que no significa un cambio de posición, ya que solo se ha producido gracias a las ausencias que ha acusado la bancada de los independentistas. En el bloque partidario de la secesión no hay voluntad de hacer de la vía hacia la independencia caballo de batalla en este momento y pueden permitirse perder una votación así.

Lo contrario ocurre tanto para el PSOE como para el Gobierno, que desde la moción de censura sacan pecho de las votaciones que ganan cada jueves en el Congreso, a pesar de la debilidad del Grupo Socialista, conformado únicamente por 84 diputados. Aprobar ahora la senda de déficit les permitirá poner en marcha el trámite de las cuentas, ampliar el horizonte temporal de un gobierno asentado y sobre todo desterrar el fantasma de unas elecciones anticipadas en un momento en el que las encuestas vienen mal dadas.

El caso de la senda de déficit es especialmente simbólico dado que los aliados parlamentarios de Sánchez tumbaron esa propuesta en julio pocas semanas después del nacimiento del Gobierno socialista. Ahora el Ejecutivo ha conseguido recuperar la mayoría de la moción de censura en un momento en que se daba por perdida y cuando buena parte del PSOE reclama un alejamiento de esos socios parlamentarios.

La aprobación de los objetivos de déficit se trata a priori solo de un gesto sin efectos porque el PP amenaza con tumbar con su mayoría absoluta en el Senado los objetivos de déficit con los que Bruselas concedió un margen de endeudamiento de 6.000 millones a las administraciones públicas. Además, tanto ERC como PDeCAT han advertido al Gobierno de que su voto afirmativo este jueves nada tiene que ver con su posición respecto a los presupuestos. Se mantienen en el no.

El Gobierno tiene más esperanza en los presupuestos

Sin embargo, el cambio de posición para el Ejecutivo es un balón de oxígeno. «Los grupos parlamentarios han subido [a la tribuna] para decir que no se puede asimilar, pero yo sí creo que le da mayor credibilidad a la posibilidad de que el presupuesto se abra paso», ha afirmado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha reconocido que en el caso de las cuentas habrá que esperar hasta «el día antes» para conocer fundamentalmente la posición de los independentistas. Unidos Podemos también ha avisado al Gobierno de que tiene que cumplir íntegramente el acuerdo presupuestario para apoyar las cuentas. 

«Es una muy buena noticia y es la primera parte de algo muy importante», señalan fuentes socialistas, aunque no caen en el triunfalismo. En Moncloa aseguran que la senda de déficit no se ha negociado con los independentistas en el marco de las conversaciones entre Carmen Calvo y la Generalitat para pactar la reunión entre Sánchez y Torra. 

Fuentes socialistas aseguran que se enteraron del cambio de posición de ERC y PDeCAT en la mañana del miércoles, que fue cuando lo hicieron público. Desde Moncloa también ven un hilo de esperanza para la aprobación de las cuentas que hace unas semanas daban por imposible: «Lo vamos a pelear». 

Uno de los argumentos que esgrime el Ejecutivo para reclamar el respaldo de las fuerzas catalanas es que los acuerdos que han alcanzado estos meses en las comisiones bilaterales entre el Gobierno y la Generalitat requieren la aprobación del proyecto presupuestario. Sánchez agradeció a Torra durante la cena con la patronal catalana la predisposición de Torra parar reactiva las relaciones entre el Estado y Catalunya a través de esos organismos bilaterales.

 «Algunos de los acuerdos alcanzados en estos seis meses tienen necesariamente que plasmarse en los Presupuestos Generales del Estado», expresó Batet. PDeCAT, partido al que pertenecen Torra y Carles Puigdemont, reconocieron que su apoyo a los objetivos de déficit respondía a los 470 millones de margen que recibiría Catalunya si salen aprobados. 

La imagen de la distensión era necesaria para el Ejecutivo, presionado por la derecha pero también desde dentro del PSOE por el acercamiento a los independentistas que, para un importante sector del partido está detrás de la hecatombe en Andalucía. Eso fue lo que propició un cambio de estrategia de Sánchez que decidió nada más ver amenazada la Junta por primera vez en 36 años ininterrumpidos de poder presentar los presupuestos en el Congreso, a pesar de no tener amarrados los apoyos. 

La jugada pasaba por marcar distancias con los independentistas y, a la vez, construir un relato con unas cuentas que, para Moncloa, son un buen escaparate electoral y probar suerte con su aprobación. La posibilidad de que salgan adelante con el voto de los independentistas preocupa a un sector del partido, fundamentalmente a algunos barones como el de Aragón o el de Castilla-La Mancha que temen que esa alianza les pase factura en las autonómicas de mayo.

El Gobierno confía en superar el trámite de la enmienda a la totalidad que da por hecho la derecha presentará y que, a partir de ahí, se allane el camino. «Siempre que entran, han salido aprobados», dijo Sánchez en un encuentro informal con periodistas en Moncloa. ERC aún no ha decidido si presentará su propia enmienda a la totalidad. En el Ejecutivo sostienen que los republicanos catalanes no pueden salir en la foto votando con PP y Ciudadanos.

«El presidente lo que quiere es tener presupuestos», aseguran fuentes socialistas. Esa sería la forma de que Sánchez pudiera agotar la legislatura. Sin una nuevas cuentas, el presidente reconoce que está abocado al adelanto electoral. En el PSOE también consideran que la amenaza de unas generales coincidiendo con las municipales del 26 de mayo no convence a ERC y PDeCAT. La tramitación completa de los presupuestos complica la convocatoria coincidente con las autonómicas, europeas y locales de 2019.