Los poderosos y la presión a la Justicia.

Vaya por delante esta reflexión: estoy indignado ante el despropósito del Gobierno de Pedro Sánchez, de la justicia, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, al pedir penas de cárcel tan desorbitadas, por delitos inexistentes, para los presos políticos, que no son golpistas, sino independentistas; gobernantes que han desobedecido pero que no han encabezado ningún alzamiento violento. Me avergüenzo por haber participado en la construcción del régimen del 78 y militado más de treinta años en el PSOE, que abandoné por su deriva ideológica y que ahora se mantiene en silencio ante la represión del Estado. 25 años de prisión por una manifestación y una rebelión inexistente tiene más de venganza que de justicia.

Hay una ley no escrita que sigue cumpliéndose a rajatabla: la de las expectativas creadas. Según Jesús Maraña quienes vienen proclamando la existencia de un pacto espurio entre el Gobierno con el independentismo, no pueden aceptar un debate jurídico mínimamente sólido. «No les basta con la sedición, con la conspiración para la rebelión ni con la prisión incondicional eternizada«. No les importa que finalmente la justicia pueda confundirse con la venganza o el escarmiento. Siempre les quedará el eficaz refugio del (falso) patriotismo, con un discurso que viene calando: lo ocurrido el 20 de septiembre y el 1 de octubre en Catalunya fue “un golpe de Estado”. Tenemos que reaccionar desmontando la patraña. Volveremos sobre ello.

Discúlpenme que me repita; hace unos años escribía sobre el derecho que tenemos a que se haga Justicia y voy a retomar la idea. Todas las personas tenemos derecho a que los jueces y tribunales impartan justicia, cuando nuestros derechos e intereses legítimos se vean perjudicados, sin que pueda producirse indefensión. La justicia será gratuita en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Estos son derechos que la Constitución otorga a la ciudadanía y muestran la concepción social del Estado Democrático de Derecho. Pero no es oro todo lo que reluce.

Nuestro sistema diseña un marco constitucional regulador del derecho a la tutela judicial que incluye, por parte del Estado, una prestación de servicio básico fundamental, encaminada a la provisión de los medios necesarios para hacer que este derecho sea real y efectivo, incluso cuando quien desea ejercerlo carezca de recursos económicos. La tutela judicial efectiva no es sólo un derecho, sino que es principio y fundamento del orden político y de la paz social, en un espacio de igualdad y justicia social.

Los recortes en educación o sanidad, suponen una falta de igualdad de oportunidades, y los recortes en justicia suponen una falta de igualdad ante la ley. El ataque al principio de igualdad ante la ley, que es grave en todos los ámbitos del derecho (civil, administrativo, laboral), lo es especialmente en el ámbito penal. Poner al ciudadano en pie de igualdad ante el Estado, que es quien ejerce la acción penal, garantizándose su derecho de defensa, es, ni más ni menos, lo que diferencia a un Estado de Derecho moderno de un estado inquisitorial.

Ningún gobierno en la democracia había puesto en tela de juicio el derecho al acceso a la justicia en igualdad de condiciones, hasta que llegó Rajoy y su ministro Gallardón. Con la subida abusiva e indiscriminada de las tasas, atacaron el Estado de Derecho. Hasta se puso en tela de juicio, con la excusa económica, la asistencia de letrado en las detenciones policiales. Todo está deteriorado y la asistencia gratuita está siendo agredida. Los abogados y abogadas del turno de oficio están sin cobrar. El Consejo General de la Abogacía, ha denunciado el incumplimiento por el Ministerio de Justicia de los compromisos en cuanto al pago mensual de las certificaciones de las actuaciones en el sistema de la Asistencia Jurídica Gratuita por los Abogados y Colegios de Abogados en el territorio de su competencia. (Diario16, 3 de noviembre 2018). Y por último: la escasez de fiscales en Asturias obliga a suspender juicios con menores afectados. El Ministerio Público también falta a los pleitos laborales La plantilla es la segunda más desproporcionada del país respecto a la de magistrados.

Los tres casos más importantes de corrupción por su gravedad, pendientes de resolver por la justicia son el Caso Púnica, que lo tiene todo: trama, años, dinero y extensión. (Casos de corrupción más graves de España. El País 25 de mayo 2018). Ha sido el caso de corrupción más cercano a la perfección, según los especialistas. El corazón del delito de la Púnica era cobrar comisiones a cambio de adjudicaciones en ayuntamientos de Madrid y Valencia. Caso Gürtel es la otra pata de los grandes casos de corrupción vinculada al PP y que la justicia sigue tramitando. El centro de la trama era el empresario Francisco Correa, que se nutría de contratos y favores de administraciones dirigidas por el Partido Popular en Madrid y Valencia a cambio de sobornos a funcionarios y autoridades públicas. La gravedad del Caso Palau parte de la connivencia de forma activa y por omisión, «que implica a una trama transversal de políticos, sociedad civil, empresarios y otros partidos que hacen ver que no ven”. Son casos notables que se eternizan en los tribunales.

Por el contrario hay casos en los que los implicados son personas humildes, desconocidas, que son detenidas, imputadas, procesadas y juzgadas por el procedimiento express, en una semana, por el solo hecho de haber entrado en un supermercado a llevarse comida para dársela al hambriento. Lo que hasta ahora eran derechos inspirados por principios de solidaridad y de justicia, se están convirtiendo en prestación para pobres; la beneficencia de toda la vida, para los que nada tienen. ¡Y que decir de los desahucios! La justicia no es igual para todos.

Me he preguntado infinidad de veces y no doy con una respuesta tranquilizadora: ¿Cómo es posible que no se haya abordado decididamente, la modernización de la administración de justicia y que a estas alturas de los avances tecnológicos se sigan utilizando medios del siglo XIX? Quiero pensar que es por la gran dificultad tecnológica y los enormes recursos económicos que hay que poner a su disposición, pero es porque no hay voluntad política para resolverlo. Recuerdo a siguiente anécdota: un director general de prisiones visitó una de ellas; un funcionario se extrañó del discurso ofrecido, en el que se anunciaron más recursos para las cárceles que para la educación y le preguntó la razón. A lo que el director respondió: los políticos no vamos a volver a la escuela y a la cárcel es posible que vayamos.

El Gobierno pide ahora dejar trabajar con independencia a la justicia en el procès. Tendremos tiempo de analizar la situación. El juicio se acerca y alguno de los presos aseguran que tienen asumido que pueden pasarse unos cuantos años en la cárcel. Repiten que nunca pedirán un indulto por un delito que no cometieron. Para ellos y sus votantes, rendirse no es una opción. Se observa que con la petición de penas de cárcel tan elevadas, sin base jurídica, sólo destila odio. Elisa Beni se hace una pregunta seria: «Si con las cajas de resistencia se hubieran comprado armas, si se hubieran distribuido a través de las asociaciones…, si los manifestantes hubieran intentado tomar con ellas puntos neurálgicos ¿de qué se hubiera acusado? ¿De lo mismo? Es una locura».

Nuestra democracia se sustenta en una monarquía a la que no se puede investigar; un Poder Judicial que mete en prisión a demócratas por el simple hecho de ejercer sus derechos y sometido al poder de la banca. El gobierno de Pedro Sánchez se merece que sus socios le dejen caer. Parece que el poder judicial está desconectado de los principios democráticos más básicos, cuyas instancias más altas nunca han interiorizado. Algo tendrá que ver que durante la Transición se dejaron intactas las estructuras de poder.

El sistema judicial está en crisis y su deterioro afecta profundamente a nuestra democracia. Las injerencias políticas son muy visibles, se concentran en la cúpula judicial y son especialmente peligrosas en los casos de corrupción. La Justicia está sometida a una presión por parte de los poderosos; lo hemos visto en el Tribunal Supremo y el caso de los impuestos de las hipotecas y lo vimos con lo que se hizo con las cláusulas suelo. Las leyes y su aplicación no siempre son iguales para todos. Joaquim Bosch e Ignacio Escolar en su libro El secuestro de la justicia, estudian las injusticias que padecen las víctimas de violencia machista;los problemas en la aplicación de la prisión provisional o los excesos en los límites de la política de penas de privación de libertad; el drama de los refugiados y la criminalización de los inmigrantes; la falta de reparación de las víctimas del franquismo; la actuación de la justicia en el conflicto catalán; y los crecientes recortes de libertades.

Durante este mes de noviembre, los letrados, los jueces y los fiscales están llamados a secundar paros y el personal laboral irá a la huelga el próximo día 16, por «la tremenda agresión de los derechos laborales» que supone la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Justicia en pié de guerra en todos los frentes; contra las presiones y el secuestro.

Víctor Arrogante