En plena resaca por algunas sentencias judiciales y por las dudas sobre la actuación del Fiscal General de Estado removiendo fiscales anticorrupción, el duopolio político no ha tenido ningún recato en repartirse a pachas las dos plazas que había que renovar en el Tribunal Constitucional. PP y PSOE se han repartido el pastel colocando, cada uno, dos personajes afines a su partido con luz y taquígrafos, sin ponerse colorados.
El argumento es bien simple. Según el portavoz del PSOE en el Senado, Vicente Álvarez Areces, “el proceso tiene toda la legitimidad democrática” y según el representante del PP, José Manuel Barreiro, “los acuerdos alcanzados por la mayoría son necesarios para que el país tenga estabilidad”. Como se puede apreciar ninguno de los partidos, representantes del bipartidismo judicial, está dispuesto a hacer ninguna concesión en aras de la independencia judicial, tan absolutamente necesaria para una auténtica separación de poderes, básica para una democracia real.
Si ya en España, en casi toda Europa, el Legislativo y el Ejecutivo son interdependientes, en la piel de toro el Judicial, a pesar del espíritu de la Constitución, sigue la misma pauta de dependencia casi directa. El órgano que rige la judicatura y que tiene como misión velar por una auténtica independencia de jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado, es nombrado a pachas por el Congreso y el Senado y el Tribunal Constitucional, que sin ser poder Judicial, amén de su función de interpretar la Carta Magna, se ha convertido en sala de última instancia, también sufre total dependencia política.
No entiendo nada. ¿Para qué perdemos el tiempo legislando sobre corrupción si, faltando la independencia del poder judicial, la corrupción es inherente al sistema? ¿Alguien me lo explica?
