Por Pedro Taracena Gil
La palabra crimen nos asusta, nos indigna y nos sobrecoge. El diccionario de la Real Academia Española presenta tres acepciones principalmente: delito grave, acción indebida o reprensible y acción voluntaria de matar o herir gravemente a alguien. Es evidente que esta última acepción es la que se identifica directamente con el homicidio o el asesinato. Hay otros crímenes que se presentan con un apelativo que son variantes de una misma realidad: crímenes de lesa humanidad, de lesa majestad, crímenes de guerra y yo añado de mi consideración personal, crímenes legales cometidos en tiempos de paz. Hay crímenes que aunque no están tipificados como tales en la letra de la ley, la sociedad, sí, discierne la conducta criminal. No en balde la justicia emana del pueblo que los percibe como tales. Artículo 117 de la Constitución Española.
La lectura de los artículos de nuestra Carta Magma, se convierte en una buena consejera para tomar conciencia de los abusos y atropellos, que el poder legalmente constituido comete contra el pueblo. Cuando la legislación siendo legal es injusta, produce efectos nocivos. Una norma restrictiva de derechos sancionada en una ley, aunque de entrada esté revestida de buena voluntad, el legislador sabe que va a perjudicar al más débil. Este comportamiento es perverso, inmoral y tiene consecuencias criminales. Aunque el Gobierno como máximo responsable de este comportamiento esté aforado y no se le pueda acusar de presunto criminal, los efectos observables en las víctimas ocasionadas, sí, constituyen conductas y hechos de consecuencias criminales. Esto puede ser políticamente correcto pero no elude una realidad para el pueblo indefenso, que se le priva del derecho de llamar a las cosas por su nombre. Al margen de la tipificación conceptual de la justicia.
La sociedad española está contemplando de forma pacífica pero muy indignada, los atropellos que están destruyendo el Estado el Bienestar. Es evidente que han creado una gran desigualdad entre los españoles: el paro, la educación cercenada, los recortes en investigación y en becas, han frustrado a toda una generación. Se ha protegido el interés del capital en detrimento de los más débiles y se ha dejado sin efecto el principio de universalidad de la Sanidad Pública, con clara vocación de llegar a su privatización. Y sobre todo han reducido las dotaciones para la dependencia. Todas estas normas legales han ocasionado efectos criminales. Sí, crímenes legales cometidos contra la sociedad española: El hambre sobre todo de niños. Desahucios de gente desvalida echada con violencia a la calle bajo una orden judicial. Deficiencias en las urgencias hospitalarias provocando agravamientos y hasta la muerte prematura. Todo constituye un error político legalizado con consecuencias nefastas. El austericidio, hablando con más propiedad, austeridad homicida, ha resultado ser un crimen contra la humanidad. Aunque el PP no tenga otra respuesta que calificar esta realidad de demagogia y populista, para quieres denunciamos sus políticas perversas e inmorales, el paro, la muerte, los desahucios, el hambre, la pobreza y la desigualdad, siguen siendo crímenes legales.
Es una perversión confundir la legalidad con la justicia y la seguridad jurídica con la legitimidad de las leyes.
