La cuestión es que PSOE y Unidas Podemos han registrado este martes una proposición para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Los partidos gobernantes de una España enquistada presentarán el cambio del Consejo General del Poder Judicial como una proposición de ley, en lugar de presentar un proyecto de Ley Orgánica y debatida en el Congreso. Mediante este procedimiento, el Gobierno eludirá la presentación de informes del propio CGPJ, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal, y de esta forma se acelerará el asalto a la dictadura. Dicho esto la fuerzas de izquierdas que hoy conforman el gobierno de Sáncheztein, nacido desde la única moción de censura que se ha ganado en España. Una moción de censura (que fue irregular porque dice la sentencia del TS: «no puede afirmarse la autoría del PP como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular»).
Es decir, según el espíritu de la sentencia del Tribunal Supremo, el Gobierno de Pedro Sánchez se basó en unos pilares falsos por unas mentiras: El comunicado difundido ayer por Mariano Rajoy en el que alude a una “reparación moral” del Tribunal Supremo por la sentencia firme del caso Gürtel insiste en lo que ya dijo en el Congreso de los Diputados durante el debate de la moción de censura que lo desalojó de La Moncloa en junio de 2018: “Toda la justificación” de la moción que aupó a Pedro Sánchez a la Presidencia al Gobierno: “Está construida sobre la base de una enorme manipulación de una sentencia». Por ello, ante la perspectiva de una moción de censura que ha presentado Vox para los días 21y 22 de octubre, el PP de Pablo Casado, moralmente debe unirse a la iniciativa de Vox, aunque no la gane, por simple cuestión de principios.
Como no pueden gobernar porque no tiene mayoría lo quieren hacer por otros caminos como el Real Decreto, poco democráticos o nada democráticos y no tiene memoria política, de cuando ellos protestaban cuando se empleaba el Real Decreto por Aznar. Y todo para que el Partido Popular no se permita placar (en términos de rugby) la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin tener en la mesa a los comunistas morados. A principios de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió desde Bruselas que el Ejecutivo de coalición estaba estudiando modificaciones en el texto. Pero desde Bruselas dice ayer Sánchez, que retiraría la propuesta de la reforma sin el PP de sienta a negociar.
El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, ex ministra de Justicia, fue otra forma, indirecta de controlar al Poder Judicial. No hay duda de que al presidente del Gobierno le interesa más el control del Ministerio Fiscal que facilitar acuerdos con el PP para renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional.
No se puede negociar hasta que rompa sus acuerdos con Pablo Iglesias y de la morada Irene Montero que el 12 de octubre hicieron el ridículo, ella vestida de berenjena y él con la mascarilla con una figura de a II Republica, hijo de un miembro del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). Además son diputados que están en contra de la Monarquía parlamentaria que es una institución constitucional. El art 1171. C. dice: «La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley».
El decreto que el Gobierno pretende aprobar el Real Decreto para evitar que la Justicia se colapse cuando el coronavirus permita un restablecimiento normalizado de la actividad estaba plagado de buenas intenciones en su origen, pero su resultado es tan inquietante como doctrinario. El virus Covid19 ha venido para quedarse, no se va a ir como se quedaron la gripe, la viruela o la tuberculosis…y otros, como azotes de la humanidad, porque los virus no tienen sentimientos.
Los jueces contra el cambio sin consenso: Entre las asociaciones de jueces reclaman desde hace años la despolitización de su órgano de gobierno. Y dicen: «Entendemos que es una propuesta contraria al artículo 122.3 de la Constitución», declaró Manuel Almenar, portavoz de la Asociación Profesional de Magistratura (APM). La Carta Magna se remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial para el modelo de elección de los vocales de la carrera judicial, aunque sí concreta la mayoría necesaria para designar a los que se eligen entre juristas. La LOPJ asumió esa misma mayoría. Los jueces deberían elegir y votar democráticamente e internamente sus vocales en el CGPJ, para que sean independientes del Ejecutivo.
¿Dónde quedará la división de poderes que rige en todo estado de Derecho? Como dice el art 1.1 de la Constitución: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Artículo de Ramón Palmeral
