El líder del PP, Pablo Casado, ha dado este miércoles un paso más en su estrategia de desgastar al Gobierno por apostar por la vía del diálogo para solucionar la crisis territorial abierta en Catalunya. Esa apuesta se materializará este jueves en  la reunión que mantendrán en Barcelona el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat catalana, Quim Torra, y que será previa al Consejo de Ministros que tendrá lugar el viernes en la capital catalana.

Tras formular una pregunta sobre la seguridad en Catalunya y al no sentirse satisfecho con la respuesta que le daba el presidente del Gobierno, Casado empleaba su turno de réplica para elevar el tono un poco más, en la línea mantenida desde su triunfo en las primarias de endurecer el discurso del PP sobre la situación catalana para competir electoralmente tanto con Ciudadanos como con la extrema derecha de Vox.

El presidente popular le espetaba a Sánchez: «Usted está implorando por una reunión bilateral con un señor [en alusón a Torra] que aunque nos moleste mucho que digamos que no es equilibrado, resulta que lo que quiere es un derramamiento de sangre, una guerra civil en Cataluña, desea que se manden tanques y nos llama carroñeros, hienas y víboras a los españoles».

Casado abogaba, además, por la reactivación del artículo 155 de la Constitución o, si no, por la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional para que el Gobierno «tome el control» de los Mossos d’Esquadra.

La «antipolítica» del PP

En una nueva bronca sesión parlamentaria, el presidente del Gobierno le acusaba al líder del PP de plantear «una oposición autoritaria en la forma y en el fondo. En la forma, insultando a todos los adversarios políticos, y en el fondo también, intentando patrimonializar algo que es de todos, que es la Constitución Española. La Constitución Española, señor Casado, es libertad, es convivencia, es democracia, está en todo lejos de su posición autoritaria, que precisamente lo que hace es simplemente ir a por ellos, la antipolítica y no resolver los conflictos, sino enquistarlos».

La estrategia de la crispación del PP ante la crisis catalana volvía a quedar de manifiesto horas después durante el debate de una interpelación urgente presentada por la portavoz popular en el Congreso, Dolors Montserrat, contra la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, en la que la diputada del PP volvía a azuzar el miedo a una guerra en Catalunya.

«¿Se han enterado de que el presidente de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Torra, ha amenazado con convertir los Pirineos en los Balcanes? ¿Se han enterado de que comandos independentistas violentos campan a sus anchas en Catalunya vulnerando nuestros derechos fundamentales?», se preguntaba Montserrat, que alertaba de la «gravedad de la situación» en las calles catalanas.

El Gobierno de España es, en opinión de la portavoz popular, «cómplice necesario» de esta situación. «Ustedes fingen que en Catalunya no pasa nada y todos sabemos que la causa de esta ficción es que ustedes son rehenes del independentismo», le espetaba a Batet, que en todo momento hacía llamamientos a la moderación.

Catalunya como arma electoral

Montserrat, sin embargo, seguía abogando por la confrontación con un Ejecutivo que, a su juicio, está «fingiendo en que Catalunya no pasa nada» porque para seguir en La Moncloa dependen de Quim Torra, «un agitador de la ‘kale borroka’ y un supremacista étnico», como el fundador del PNV, Sabino Arana. «Traicionan todas y cada una de las siglas de su partido», ha añadido la portavoz popular para decirle a la ministra que «hasta los barones» del PSOE están instando al «sanchismo» a defender la Constitución asumiendo los postulados del PP.

Fuentes de la dirección nacional del PP reconocían esta misma semana que mantendrán su estrategia contra la política de distensión del Gobierno con Catalunya y que tan solo se plantearán recuperar el entendimiento con el PSOE si éste se compromete a aplicar el artículo 155 de forma indefinida interviniendo la autonomía y nombrando al Govern desde Madrid. 

Si eso no ocurre, Génova pretende utilizar su posición en la crisis catalana como arma electoral, porque considera que la situación en Catalunya marcará la agenda de las campañas electorales que se avecinan a principios del próximo año, con el horizonte de los comicios autonómicos, municipales y europeos agendados para mayo y con un posible adelanto de las generales.