La detención del secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha servido para algunos de excusa para poner en tela de juicio la llamada ‘Acusación popular’. No olvídemos que Manos Limpias ha intervenido en multitud de causas alegando en base a este principio. La actuación más mediática en este sentido es su personación en el llamado ‘caso Nóos’ que mantiene a la Infanta Cristina sentada en el banquillo de los acusados a pesar de que ni siquiera la fiscalía ve signos de delito en su actuación.
¿Qué es la ‘acusación popular’? Es la capacidad reconocida en nuestra Constitución de ser parte demandante o acusadora sin haber sufrido un daño particular por la conducta denunciada. Distinto es esto de la llamada ‘acusación particular’ que es aquella que ejerce uno o un grupo de particulares, por sentirse directamente afectados por el hecho denunciado. En ambos casos la iniciativa corresponde a una entidad, privada o pública, distinta de la acción de la fiscalía.
Parece ser que, en una sociedad organizada, si se descubre un delito, hay un organismo del Estado que deber actuar de oficio: la fiscalía. El Ministerio Público, así es como también se llama, debe actuar siempre que vea atacada la legalidad o los derechos de los ciudadanos o el interés público. Pero, ¿qué ocurre cuando el Ministerio Público está a por uvas? Ocurre que hay un seguro de legalidad que somos los ciudadanos, o bien porque somos la víctima, acusación particular, o porque estamos más concienciados que la fiscalía, acusación popular, y levantamos la liebre y la llevamos ante la justicia.
No entiendo nada. Siendo la politización de la justicia en España, uno de los pilares de la galopante corrupción que nos ahoga, ¿Por qué algunos pretenden restringir la ‘acusación popular’ que es uno de los pocos mecanismos de independencia judicial que nos quedan? ¿Alguien me lo explica?
