Para el ingeniero Pedro Castro, la crisis de los servicios públicos en Mérida no se encuentra vinculada con sanciones o bloqueos contra el país, en realidad su causa es la falta de compromiso por parte de los responsables quienes se encuentran más preocupados por tomar decisiones políticas que atender las necesidades reales de la población.
En el caso del servicio eléctrico, para el año 2011 comenzó la construcción de la Planta Termoeléctrica Don Luis Zambrano con una capacidad de generación de 570mW, 3 pórticos de salida (El Vigía, Zulia y Uribante) a través de la subestación elevadora El Vigía III, de forma paralela se realizaron los trabajos de ampliación de las subestaciones El Vigía I y II provisionales y se llamaban así: «provisionales» ya que los trabajos de dichas ampliaciones se realizarían para poder cubrir el consumo necesario mientras se construían las subestaciones definitivas.
Se tenía previsto que para la culminación de la planta la cual se hizo efectiva para el año 2015, se iniciara el proceso de licitación del Proyecto Sur del Lago, donde se incluían 7 subestaciones entre construcción, ampliación y adecuación, allí se encontraban las subestaciones El Vigía I «definitiva», El Vigía II «definitiva» y Cordillera en el estado Mérida, ya siendo conocido que la capacidad de transmisión y distribución no eran suficientes con la infraestructura existente y ampliada, dicho proceso de licitación se llevó a cabo pero no se ejecutó, por lo que el estado Mérida y en especial el eje panamericano no recibió la infraestructura que requería, todo esto, durante el año 2015 donde no había ningún tipo de sanción contra nuestro país.
A su vez, es conocido que el sistema eléctrico en Venezuela es un sistema interconectado, por ejemplo, para el estado Cojedes en el mismo año 2015 se inició la construcción del Proyecto «Ampliación del Sistema Eléctrico Centro-Occidental asociado al estado Cojedes» con 7 subestaciones eléctricas nuevas proyectadas y aprobadas y tan sólo se construyó 1, la subestación Cojedes en 400kV en el sector Orupe entre San Carlos y Tinaco y en el proyecto «Ampliación del Sistema Eléctrico Centro-Occidental asociado al estado Portuguesa» de 6 subestaciones se construyeron sólo 2, dejando al occidente con un sistema el cual se sabía que su capacidad de transmisión y distribución no eran suficientes o los más aptos de acuerdo al aumento de la demanda del servicio.
Es de notar que a pesar que se conocía que no existía para el año 2015 la infraestructura adecuada para garantizar el servicio eléctrico en distintas zonas del país y que a su vez se encuentran interconectadas no se realizó la inversión requerida, donde las sanciones no pueden ser atribuidas a la crisis que vivimos en la actualidad y que fue proyectada en ese momento, por lo que se dedicaron tan sólo a poner paños de agua tibia como decimos los venezolanos, donde solo se citan algunos ejemplos de proyectos que no se ejecutaron en su totalidad.
En cuanto al agua se refiere, no se observan planteamientos a nivel de los responsables en el área para garantizar agua en cantidad y calidad a la población, hemos sido testigos de la falla constante en el servicio y además en muchos casos recibimos en nuestros hogares agua que se encuentra bastante lejos de considerarse de una buena calidad.
No existe una visión a nivel nacional que guíe políticas exitosas en cuatro elementos fundamentales:
- Acceso al agua: cantidad y calidad (asequibilidad).
- Desarrollo socioeconómico (nexo agua-energía-alimentos).
- Preservación de los ecosistemas (manejo integral de cuencas, tratamiento adecuado).
- Protección ante riesgos (ordenamiento territorial, alertas tempranas, entre otras).
Ya en la actualidad y por primera vez en nuestra ciudad vemos como el estrés hídrico el cual hace referencia a la situación que se da cuando la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible se hace visible en nuestros hogares y al igual que en el caso del sistema eléctrico tan sólo se observan medidas para resolver el día a día.
La agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible establece la universalización de los servicios de agua potable y de saneamiento y se establecen metas relacionadas al control de la contaminación y tratamiento de aguas residuales, es decir, la eficiencia del uso del agua, donde la aplicación de la economía circular también pudiera aplicar, por ejemplo, los desechos o aguas residuales tratadas de forma correcta pueden convertirse en recursos ya sea para procesos industriales, riego, entre muchos otros, pero lejos de esto, se sigue desperdiciando el agua potable en actividades donde es subutilizada.
Un plan adecuado debe contener la cantidad de agua que en realidad se consume (demanda) o Huella Hídrica, cada persona consume el 4% de agua y el otro 96% se encuentra en los bienes y servicios que consumimos llevándonos a un patrón de consumo, de esta forma será posible realizar un consumo más responsable y a su vez poder establecer políticas eficientes.
El agua es un elemento realmente fundamental dentro del Desarrollo Sostenible, no puede haber desarrollo sin ella, podemos referirnos al nexo agua-energía-alimentos del cual hice mención en un pasado artículo
Un estado donde no se desarrollan las políticas necesarias para garantizar el acceso al agua en cantidad y calidad y la protección a su vez de este recurso no puede desarrollarse, incluye además la protección de los elementos biofísicos que intervienen en la calidad del agua donde se encuentran el suelo y la vegetación ayudando al mantenimiento de los ecosistemas.
Nada de esto se observa como políticas exitosas e innovadoras en nuestro estado, tan sólo se observan medidas de corrección temporales y aumento de las tarifas de un servicio que se encuentra bastante lejano de cumplir con las expectativas de la población, no se desarrollan obras de infraestructura, algunos establecimientos como por ejemplo de autolavados no cumplen con lo establecido en el decreto ambiental 883 «Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos», no existe el tratamiento de aguas residuales y reutilización de la misma en diversas actividades, en fin, es más importante mantener un servicio deficiente que garantizar desarrollo para la región.
Igualmente en las fallas de abastecimiento del agua potable no es posible echar la culpa a sanciones ya que es un servicio que se paga y que las consecuencias que vemos hoy es causa de la falta de inversión durante años y que desde que dejó de estar en manos de las gobernación como decisión política se ha visto como el servicio ha desmejorado así como el sistema de transporte «masivo» en la ciudad y más.
No existe un sólo servicio que funcione de manera eficiente, por lo que es muestra que mientras no exista en cambio en la visión a nivel de Estado, el desarrollo de políticas serán insuficientes, ya que la voluntad de garantizar una vida digna para la población se encuentra desplazada por la necesidad de algunos por mantenerse en el poder.
