Rafael Silva

Durante el tiempo en que estuvo activa la banda terrorista ETA, el relato oficial (correspondiente con el espíritu y la letra de la Ley de Partidos que por aquél entonces se promulgó) era que cualquier idea podía ser defendida desde la palabra, desde la democracia, pero nunca desde la violencia. Estamos absolutamente de acuerdo. Pero eso es precisamente lo que el pueblo catalán ha practicado hasta ahora, y todos sus dirigentes: el uso de la palabra, la idea defendida desde las convicciones democráticas. Parece ser que no ha valido. Y no ha valido porque la naturaleza de la anacrónica Ley de Partidos era en realidad una coartada para ilegalizar a las formaciones políticas de la izquierda abertzale, hubieran o no hubieran colaborado con la banda armada. Ahora, cuando el conflicto político y social está abierto en Cataluña, cuando la democracia es socavada continuamente ante la negativa de establecer un referéndum pactado con el Estado, y cuando el trípode de la derecha rancia, cavernícola y reaccionaria está más envalentonado que nunca (PP+C’s+VOX), esta derecha arcaica, miope y autoritaria propone, al igual que hicieron con algunas formaciones políticas vascas, ilegalizar a los partidos, coaliciones y movimientos sociales que defiendan en su ideario el derecho a la autodeterminación de los pueblos (o directamente el independentismo). Todo un despropósito democrático, digno de una sociedad, como la nuestra, que no acaba de despegarse de las ataduras postfranquistas.

Pero no sólo la tríada de la extrema derecha, sino que incluso algunos líderes territoriales del PSOE (esos dinosaurios que son llamados “barones”), tales como Javier Lambán (Aragón) o Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), han declarado ser partidarios de esta idea de la ilegalización de los partidos independentistas. Ha hecho mucho daño también, en este sentido, el precedente de la aplicación del artículo 155 en nuestro país a una Comunidad Autónoma, la catalana, por parte del Gobierno del PP de M. Rajoy, con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos. Esto sin duda alguna sentó un precedente peligroso, y dio alas a la extrema derecha, que ahora quiere aplicar (y para ello insta insistentemente al Gobierno de Pedro Sánchez) un 155 extremo, mucho más duro que el anterior, que contemple todo lo que ya se implementó antes de las elecciones de hace ahora un año (destitución de todos los altos cargos del Govern, intervención de las finanzas catalanas, convocatoria de elecciones…), pero ahora además piden la intervención de los medios de comunicación catalanes (TV3), de los Cuerpos de Seguridad autónomos (Mossos d’esquadra), y del sistema educativo (incluyendo al propio sistema de inmersión lingüística).

Es justamente aquí, en este contexto de un 155 duro e indefinido, donde contemplan también la posible ilegalización de todos los partidos y formaciones independentistas, para que simplemente estén fuera del juego democrático. El debate está absolutamente envenenado y desorbitado, con una derecha cada vez más extrema (con la incipiente competencia con Vox), que es incapaz de sostener un mínimo argumento democrático. No hay que dejarse arrastrar por este discurso desquiciado y frentista, por este relato provocador y reaccionario, insultante y retrógrado de las derechas, que están sacando, en este asunto, la vena más intolerante y autoritaria que poseen. Abascal, Rivera y Casado juegan diariamente a ver quién de los tres es capaz de decir la barbaridad más gorda, el insulto más provocador, el relato más indignante. En estos días, PP y C’s han llegado a atacar hasta al ex Presidente Zapatero, simplemente por atreverse a decir que “No son golpistas; yo animo a Pedro Sánchez a seguir con el diálogo” en una entrevista para el diario El Mundo.              En su cuenta de Twitter, en el PP se preguntaron: “¿Pero es que Zapatero no se va a cansar nunca de hacerle daño a España?”. Por su parte, Albert Rivera ha afirmado: “Zapatero blanqueando a los que dieron un golpe contra nuestra democracia. El objetivo del sanchismo está claro: justificar el indulto y la impunidad para los golpistas a cambio de escaños para atrincherarse en Moncloa. Queremos Elecciones Ya para evitar esta humillación nacional”.

El populismo barato y la demagogia de libro de este personaje ya no deben sorprender a nadie. Sus cambios de rumbo tampoco. Ahora sabemos exactamente dónde está Ciudadanos: en una derecha disfrazada de “demócratas”, lo cual deja el listón de nuestra democracia bastante bajo. Todos estos que dicen que “son golpistas” las formaciones independentistas, son los mismos que se han negado una y otra vez en el Parlamento a investigar las corruptelas reales (es decir, del Rey Juan Carlos), y a exhumar los restos del dictador fascista, que es quien de verdad fue un golpista. Y si metemos al tercero en discordia, ese partido llamado Vox, ese engendro grotesco y fascista, que además se jacta de serlo, nos encontramos con una formación política que aboga por desmantelar no ya la autonomía catalana, sino todas las demás, es decir, cargarse todo el Estado Autonómico. Este partido ha sido precisamente blanqueado hace algunos días por el también ex Presidente José María Aznar (quien ha dicho que Vox está dentro del sistema, no como Podemos), y además ha declarado que “es indispensable una intervención a fondo en la autonomía catalana, sin límite de tiempo y de todas sus instituciones”. Es decir, un 155 total e indefinido.

Bien, pero dicho todo esto, nosotros sí tenemos una propuesta de ilegalización para determinados partidos políticos: ¿Los independentistas? No. ¿Los fascistas y corruptos? Sí. Y es que en una sociedad realmente democrática, cualquier partido al que siquiera se le ocurriera por lo más remoto intentar blanquear o suavizar cualquier régimen fascista (como el del golpista Franco), o negar su naturaleza, mucho más instar a su apología, sería automáticamente ilegalizado. Sin embargo, aquí está la tríada de la extrema derecha españolista, que mira para otro lado cada vez que mencionamos al franquismo, y se quedan tan anchos. Y por otra parte, una formación política como el PP, condenada como tal por corrupción, tildada por los propios jueces como “asociación criminal”, con cientos de casos de corrupción y miles de imputados a sus espaldas, con dirigentes al más alto nivel encarcelados, juzgados o condenados, que ha arrastrado a nuestro país a la ruina más absoluta, ésta sí debería ser ilegalizada. Precisamente, son los mismos que practicaron recortes en educación, en sanidad, que vaciaron la hucha de las pensiones, que rescataron bancos con dinero público, que amnistiaron fiscalmente a las grandes fortunas, que preconizaron la precariedad laboral, que llevaron a gente al suicidio, al desahucio o al exilio, o que reprimieron la protesta ciudadana, entre otros muchos crímenes sociales. Al final, el círculo se cierra. El PP debiera estar  ilegalizado. Si no se ilegaliza, es que no vivimos, políticamente hablando, en una sociedad sana.