En el mes de marzo de 2021, en torno a la pandemia de COVID-19 en Venezuela, planteamos: “Estamos frente a una situación alarmante, la capacidad del sistema asistencial nacional se está saturando. Cada día proliferan las personas quienes, afectadas por la enfermedad, deben resignarse a quedarse en sus hogares, con todos los riesgos del caso. Por ello, la vacunación masiva es una necesidad urgente”. Hoy, 11 de abril 2021, ratificamos nuestra afirmación, con la salvedad de que el sistema de salud ya se encuentra saturado. La escalada del contagio ha sido tal, que cualquier persona tiene noticias de familiares, amigos, vecinos, conocidos, afectados por COVID y, lo más doloroso, del fallecimiento de muchos de ellos. De un hecho novedoso, la pandemia se ha hecho rutina entre nosotros. Un ciclo luctuoso se posiciona frente a la mirada inerme de la mayoría de la población, desposeída de recursos económicos para enfrentar este reto natural que, por añadidura, inclina la balanza hacia la precariedad, producto de la profunda crisis económica y social que nuestra patria arrastra desde hace varios años.
Ante el drama que representa la pandemia de COVID-19 en Venezuela, una vez más, la dirigencia política dominante, oficialista y la de ciertos sectores de oposición, antepone sus intereses particulares frente al bien común. Una diatriba estéril, con aristas de oportunismo, se ha desatado en torno a la culpabilidad de la inexistencia de un plan de vacunación masiva. Al respecto, entendemos que la responsabilidad principal de la carencia de un plan bien estructurado, con metas programadas, acompañadas de una campaña informativa, educativa y orientadora, corresponde al Ejecutivo Nacional. Pero, por otro lado, parte de la oposición política, hace alarde de la consecución de recursos económicos para la adquisición de vacunas, descargando las responsabilidades únicamente sobre el bando oficialista, evadiendo la suya, en cuanto a la necesidad del consenso nacional frente a esta contingencia, e ignorando el hecho de que los recursos económicos que manejan pertenecen a la nación venezolana y, por ende, AL PUEBLO VENEZOLANO. Los recursos económicos de la Nación deben ser puestos a la orden de los intereses de los venezolanos afectados por una crisis polifacética, en el marco de una inequidad global respecto a las necesidades de vacunación para la humanidad: los países con altos ingresos económicos han comprado 4.638.777.500 dosis de vacunas, mientras que aquellos con bajos ingresos han comprado 770.000.000. Países como Canadá han comprado 8.67 dosis de vacunas por habitante; la Unión Europea, 4.55; EEUU, 3.99, mientras que Venezuela ha comprado 0.35. Dicho cuadro traduce no sólo la inequidad per se sino que pone al descubierto la falta de previsión y planificación, además del daño ocasionado por la destructiva polarización política nacional e internacional, habida cuenta de que países de América Latina como Chile, Brasil, Argentina, Panamá y Uruguay, han comprado 5,07, 1,93, 1,28, 1,18 y 1,07, respectivamente (fuente: Duke Global Health Innovation Center; actualizado al 09 de abril de 2021). En dicho contexto, mecanismos como el COVAX (Covid-19 Vaccines Global Access) cobran gran importancia, toda vez que dicha plataforma ha comprado 1.120.000.000 de dosis de vacunas para intentar contrarrestar la tal asimetría. En consecuencia, el Estado Venezolano y la dirigencia política dominante, oficialista y opositora, tiene ante sí el deber moral de garantizar que Venezuela acceda al mecanismo del COVAX, manteniendo la soberanía nacional, en cuanto a las vacunas a ser adquiridas.
De manera particular, queremos expresar nuestra opinión respecto a dos aspectos polémicos en torno a las vacunas contra el COVID-19. En primer lugar, lo referente a la vacuna de AstraZeneca: se han publicado noticias sobre eventos de trombosis aparentemente ligados al uso de esta vacuna; en algunos países de Europa y en Canadá se ha suspendido su uso en individuos menores de 60 años. No obstante, la Agencia Europea de Medicamentos ha manifestado que los beneficios de la misma, en cuanto a la prevención de la COVID-19 y de sus riesgos asociados de hospitalización y muerte, contrarresta el posible y raro efecto colateral, haciendo la salvedad de que toda persona a ser vacunada con la referida vacuna, debe estar consciente (en consecuencia, debe ser advertida) de la remota posibilidad de ese esa poca frecuente complicación de la coagulación sanguínea (the heart.org. Medscape. 01 de abril 2021). Al respecto, manifestamos que, en momentos de crisis humanitaria como la pandemia COVID-19, es improcedente descalificar a priori cualquier herramienta que pueda redundar en beneficio frente a la misma. No obstante, entendemos que, en cualquier parte del mundo, pero sobre todo en Venezuela, frente a esta contingencia, se necesita garantizar la confianza colectiva. En tal sentido, se cuenta con alternativas confiables: las vacunas Sputnik-V, la de Pfizer, la de Sinopharm y la de Moderna. Por eso los esfuerzos deben dirigirse hacia la adquisición suficiente de cualquiera de estas vacunas. En segundo lugar, acerca del anuncio de iniciar próximamente un plan de vacunación con el candidato vacunal Abdala, fabricado en la República de Cuba, cuyo proceso de ensayo clínico fase III estaría previsto completar en junio 2021. Sin desmedro ni subestimación de las capacidades los científicos cubanos, el mencionado instrumento terapéutico es, como se indicó líneas arriba, un candidato vacunal, a la espera de certificarse como vacuna segura y efectiva, después del análisis de los resultados de los estudios de fase III. Nuestra población amerita certezas. En consecuencia, la campaña masiva debidamente planificada, debe basarse en las vacunas con comprobada efectividad y seguridad, las cuales han superado con éxito los ensayos fase III.
Por último, queremos ratificar nuestras propuestas de marzo 2021:
- Acelerar y profundizar la inmunización del personal de salud: médico, de enfermería, técnico, administrativo y obrero.
- Vacunar masivamente al personal docente y a los estudiantes, con edades de 18 años o más (los estudios se han realizado en este tipo de población).
- Priorizar a la población de mayor riesgo: adultos mayores, pacientes con diabetes, con enfermedad crónica pulmonar, entre otros.
- Levantar una base de datos con los trabajadores de las empresas públicas y privadas y canalizar la campaña de vacunación a través de las mismas.
- Certificar y autorizar a los centros de salud privados, con comprobada capacidad, para la realización y reporte de las pruebas confirmatorias PCR, en coordinación con las autoridades, para potenciar las capacidades diagnósticas del sistema nacional de salud.
- Permitir que centros privados de salud y compañías privadas puedan comprar lotes de vacunas aprobadas, para la vacunación de su personal y los familiares del mismo.
- Programar una jornada intensiva de vacunación masiva, teniendo como base los centros electorales y sus respectivos padrones electorales, para habilitarlos como centros de vacunación en la respectiva campaña.
Proponemos la conformación de una comisión ad hoc, de alto nivel, conformada por las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Salud, la Academia Nacional de Medicina, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la Sociedad Venezolana de Infectología, el IVIC, FEDECAMARAS, CONINDUSTRIA y reconocidos epidemiólogos venezolanos, para diseñar un Plan Nacional Consensuado para la vacunación masiva del pueblo venezolano. Venezuela necesita de la Unión Nacional para enfrentar esta crisis.
Por la Dirección Nacional de UNION Y PROGRESO:
Dr. ENRIQUE FERMIN
Vocero Oficial
Demás Miembros:
Mercedes Malavé
Miguel Parra
Daniel Castro
Rafael Hernández
Joaquín Giménez
En Caracas a los 12 días del mes de abril 2021.
