El excomisario Villarejo se sabe reseñable, parece convencido de que es Jack Nicholson en Algunos Hombres Buenos, y se esfuerza en que así le reconozcamos. Cada nuevo audio de Villarejo es un gesto del comisario para que dirijamos hacia él nuestra mirada. A diferencia de Villarejo, “Billy el Niño” siempre rehúye los focos, ha costado mucho que los que tuvimos la suerte de no pasar por su custodia podamos ponerle cara. Villarejo parece estar tan encantado de haberse conocido a si mismo que en algún momento decidió que sus servicios eran dignos de copago. Por su parte, “Billy el Niño” comprendió mejor el juego, su trabajo ya estaba pagado en su nómina de funcionario, llegó a lo más alto de la Policía, fue varias veces condecorado y se retiró en lo más alto en los ochenta. Si Villarejo son las cloacas del Estado, “Billy el Niño” es la sala de máquinas del Estado.

A aquellos que con eficiencia y diligencia forman parte del Estado suele costar más ponerles cara. Al fin y al cabo, ha supuesto un esfuerzo titánico sacar a la luz las torturas de este segundo personaje. Y, aun así, Billy es tan solo la punta de un iceberg. Si miramos, por ejemplo, el conflicto vasco, veremos que entre 1960 y 2014 el Instituto Vasco de criminología ha podido documentar 4113 casos de tortura y malos tratos. Por su parte, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura recogió más de 1000 denuncias de tortura y malos tratos durante el año 2017 en el estado español.

Pero, si como hace nuestro Ministro de Interior, no creemos en los informes y consideramos que “ la única verdad es la verdad judicial”, debemos recurrir a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Entre 2010 y 2018, el TEDH ha condenado 9 veces a España por casos de tortura o malos tratos, bien por auspiciar la tortura o bien por no investigarla. Incluso los responsables de estas condenas son mucho más difíciles de identificar que Villarejo o Billy el Niño. Pero hay uno al que todos conocemos, uno al que sí podemos ponerle cara, nuestro Ministro de Interior, Grande Marlaska[G1] , que es, como ha dictaminado el TEDH, uno de los jueces españoles que se negó a investigar casos de tortura.   

Ante estos hechos, tendemos a pensar que algo no funciona bien, solemos verlos como acontecimientos excepcionales producto de alguna deficiencia en el funcionamiento del Estado. Pero, si echamos la vista atrás, es posible que nos encontremos con que lo que consideramos excepciones quizás no lo sean realmente.

Decía el historiador Charles Tilly que el Estado tiene su origen en la acumulación de poder en manos de pequeños grupos a los cuales, por sus características y acciones, hoy no dudaríamos en calificar de organizaciones criminales. Esto lleva a Tilly a hablar del origen del Estado como crimen organizado. Estos grupos, crimen tras crimen, saqueo tras saqueo, guerra tras guerra, llegará un momento que acumulen tal poder, tal cantidad de recursos, que, como desarrolló el sociólogo Norbert Ellias, necesitarán «socializar» el poder en una clase que se encargare de gestionarlo y crear una estructura para su gestión, surge así lo que hoy denominamos Estado. El Estado se funda de este modo a través y para la acumulación de poder, como dice la clásica definición weberiana: “el Estado es un grupo humano que reclama para sí, con éxito, el monopolio de la violencia legítima”.  En el Estado-moderno, esta legitimidad para ejercer la violencia y para concentrar poder descansa en cierta razón burocrática. El vehículo para esta razón es el Derecho, el cual surge durante este proceso como codificación de la acumulación de poder y como fuente de la legitimidad de su desigual distribución. Lo que, con trazo muy grueso, acabamos de describir, es el escenario de partida. De ahí es de dónde venimos, de un Derecho como mera pátina de legitimidad para los crímenes que los poderosos cometen a través del Estado.  

Es inevitable mirar hacia ese «pasado» cuando vemos las «brillantes carreras” de quien ejerció o auspició la tortura. Pero también es inevitable echar la vista atrás, cuando se anuncia que Manuel Marchena, padre de ese atentado contra la libertad de expresión que es la doctrina Strawberry, iba a ser nombrado presidente del Consejo General del Poder Judicial. Finalmente, Marchena ha renunciado a tal honor al hacerse público que iba a ser el hombre del PP que controlará la justicia “desde atrás”. Esto ha desembocado en un aluvión de declaraciones políticas y de editoriales periodísticos loando su profesionalidad y el extraordinario papel que realizará Marchena controlando desde delante, desde la presidencia, el tribunal que juzgará el caso del “Procés”.

La instrucción del Procés, un proceso, cuanto menos, irregular, con abusos injustificables de la prisión provisional y con imputaciones de delitos que no se sostienen desde ningún punto de vista jurídico, es otro de esos casos que nos obligan a girar el cuello y sospechar que el pasado no queda tan lejos. Y, por citar un último ejemplo, uno también se acuerda de ese origen criminal del Estado cuando el Tribunal Supremo, haciéndose eco del «enorme impacto económico y social», se rinde a los poderes salvajes y con un “donde dije digo, digo Diego” salva los intereses de la banca.

Viendo estos casos cabe preguntarse: ¿Entonces qué es el Derecho? ¿Es tan solo una herramienta para el control de la sociedad, la mera codificación de los intereses de los poderosos?

Es difícil contestar a esta pregunta, de hecho, llevamos varios cientos de años a vueltas con ella. Sin embargo, lo que sí se puede decir es que, lo que hoy llamamos Derecho se construye, al menos en teoría, como herramienta para evitar que ocurran los casos comentados arriba. Es decir, que al margen del origen del Estado y del Derecho, es innegable que en los últimos siglos ha habido un importante esfuerzo intelectual por convertir al Derecho en un límite al poder y en la codificación de una serie de garantías que, como decía Ferrajoli, auspician al individuo frente al Estado.

Si en algún momento toda esa construcción que son el Estado y el Derecho tuvo algún tipo de legitimidad, fue porque, en teoría, bajo la forma de Estado Social y Democrático de Derecho, se reconocían una serie de Derechos Fundamentales ante los cuales tenía que plegarse cualquier poder, incluido el Estado, que, además de respetarlos, debía garantizarlos.

Los casos comentados en este artículo, un pequeño cuadro de cuestiones mediáticas, no son hechos excepcionales, son el poder funcionando como poder, son el Estado siguiendo su inercia histórica, lo realmente excepcional es que un Estado siga las normas de un Estado Social y Democrático de Derecho. En tanto excepcional, es un camino difícil y una construcción débil, y requiere de un constante esfuerzo y vigilancia, porque si justificamos que el Estado se salte los Derecho Fundamentales, todo deja de tener sentido, si es que lo tuvo en algún momento.