ESCARNIO CONTRA LARGO CABALLERO E INDALECIO PRIETO

DECLARACIÓN DE LOS PROFESORES DE HISTORIA CONTEMPPORÁNEA

Los abajo firmantes, profesores de Historia Contemporánea en varias
universidades españolas y extranjeras, ante la iniciativa presentada por el Grupo
Municipal Vox en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid para que sean retiradas placas
de calles y estatuas de Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto Tuero, que fue
apoyada por los Grupos Municipales del PP y de Cs, desean emitir un juicio estrictamente
técnico de las afirmaciones vertidas en dicho documento, que serán analizadas punto por
punto y sustentadas en investigaciones de solvencia acreditada entre la comunidad
científica.
1. A lo largo de su vida pública Francisco Largo Caballero (secretario general de la UGT
de 1918 a 1938, presidente del PSOE de 1932-1935, ministro de Trabajo y Previsión
Social de abril de 1931 a septiembre de 1933, y presidente del Consejo de Ministros y
ministro de la Guerra de septiembre de 1936 a mayo de 1937) solo fue condenado en una
ocasión: por el consejo de guerra que dictó sentencia por sedición contra los miembros
del comité organizador de la huelga general de agosto de 1917. Como puede constatarse
en el suplicatorio depositado en el Archivo del Congreso de los Diputados, fue imputado
por la jurisdicción castrense por un presunto delito de rebelión militar a raíz de los
preparativos de la revolución de octubre de 1934. Tras la presentación de un recurso para
que fuera juzgado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ésta le absolvió de todos
los cargos por falta de pruebas el 30 de noviembre de 1935. Largo Caballero únicamente
fue condenado a lo largo de su vida por un delito político, no penal, y no fue por “pillaje”,
como asevera la iniciativa de Vox.
2. Los “inicios políticos” de Largo Caballero no se remontan a los años treinta, como
asegura Vox, sino a 1890, cuando se afilió a la UGT. Durante la Restauración, si bien es
cierto que nunca respaldó la Constitución oligárquica de 1876, tampoco conspiró para
anularla violentamente, como sí hicieron los militares -con la aquiescencia del rey
Alfonso XIII- en septiembre de 1923. Las actividades para forzar la democratización del
país en 1917 se hicieron de forma pública. Durante la gestación de la huelga general de
agosto, los dirigentes del PSOE y la UGT exigieron la instauración de un gobierno
provisional que convocara Cortes constituyentes, dieron a conocer instrucciones en las
que se insistía en que el paro fuera indefinido y pacífico, y ordenaron que solo se emplease
la violencia en acto de legítima defensa. A pesar de ello, las fuerzas del Ejército
provocaron la muerte de no menos de 55 huelguistas y 62 pacíficos transeúntes. Largo
Caballero y el resto de los responsables del comité de huelga fueron sometidos a consejo
de guerra y condenados a cadena perpetua, aunque obtuvieron la amnistía el 8 de mayo
de 1918, como consecuencia de su elección como diputados en los comicios del 24 de
febrero1
.
3. Cuando se alude al pretendido “régimen de terror” impulsado en octubre de 1934, Vox
se cuida mucho de no explicitar ni los lugares, ni las circunstancias ni los protagonistas
que configuraron tal sistema de violencia. De acuerdo con la teoría política, un “régimen
de terror” requiere la existencia de un sistema estable de poder, un agente coactivo
vinculado a ese sistema, un propósito intimidatorio basado en la eliminación de la
oposición real o imaginada y un proceso más o menos dilatado en el tiempo para que el
terror surta ese efecto opresor. Desde esta valoración, eminentemente técnica, de lo que

1El consejo de guerra, en Huelga general de agosto de 1917. La condena del Comité de Huelga. Acusación,
defensa y sentencia del Consejo de Guerra, México, Ed. Pablo Iglesias, s.f. Véase Francisco SÁNCHEZ
PÉREZ, “La crisis social. Las tres huelgas de agosto”, en Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA (coord.),
Anatomía de una crisis. 1917 y los españoles, Madrid, Alianza, 2017, pp. 195-277.
2
es un “régimen de terror”, parece improbable que los distintos comités provinciales
revolucionarios de Asturias tuvieran, en menos de dos semanas, capacidad para
implantarlo. Quienes, sin duda, “escribieron uno de los episodios más sangrientos de
nuestra reciente historia previos a la guerra civil” fueron los militares coordinados por
Franco para yugular la insurrección obrera con actos de brutalidad dignos de una campaña
colonial. Del 12 de octubre al 8 de diciembre de 1934 provocó la muerte de entre 855 y
1.105 civiles a manos de las fuerzas gubernamentales, que sufrieron entre 262 y 283 bajas
fatales, en su mayor parte en combates con las fuerzas revolucionarias2
. Los
investigadores más minuciosos de los sucesos confirman la gran autonomía de actuación
de los revolucionarios en el Principado, que fue bastante ajena a la estrategia general
patrocinada por el Comité Nacional Revolucionario, y de hecho cogió por sorpresa a los
máximos dirigentes socialistas y ugetistas3
. Largo Caballero fue detenido el 14 de
octubre, después de un continuo trasiego de domicilio en domicilio, con lo que
difícilmente pudo influir en la deriva violenta de la revolución asturiana.
4. Las afirmaciones de Largo Caballero sobre la revolución como superación de la
democracia burguesa y como defensa preventiva contra el fascismo no las ha fechado
Vox y están sacadas del contexto en que se emitieron. Por otra parte, estas
manifestaciones eran bastante similares a las pronunciadas por otros líderes socialistas
europeos en la coyuntura crítica del ascenso y auge del totalitarismo nazi4
.
5. Está sobradamente demostrado por la historiografía especializada que el fraude
puntual, cometido por las diversas candidaturas concurrentes a las elecciones de febrero
de 1936, no varió sustancialmente el resultado, y que los comicios fueron ganados de
forma legítima por la coalición del Frente Popular5
.
6. Ni Largo Caballero, ni Negrín ni Prieto robaron las reservas del Banco de España, sino
que, en acto de legítima defensa, las emplearon en la adquisición de armas para sostener
la resistencia de la democracia republicana contra el golpe militar-monárquico-fascista,
como está demostrado documentalmente desde hace más de medio siglo. Esta medida
financiera de emergencia también fue utilizada, por ejemplo, por los países de la Entente
para financiar su esfuerzo bélico durante la Primera Guerra Mundial6
.

2 Las estadísticas del Gobierno, en La revolución de octubre en España: la rebelión del gobierno de la
Generalidad, octubre 1934: en servicio de la República, Madrid, Bolaños y Aguilar, 1934, desplegable.
Un recuento detallado elaborado en la época, en Aurelio LLANO Y ROZA DE AMPUDIA, Pequeños
anales de quince días. La revolución en Asturias, octubre 1934. Oviedo, Talleres Tipográficos Altamirano,
1935, pp. 206-207. La valoración más reciente y minuciosa de víctimas de la revolución de octubre, en
Pablo GIL VICO, Verdugos de Asturias. La violencia y sus relatos en la revolución de Asturias de 1934,
Gijón, Eds. Trea, 2019, p. 401 y 435. Ángel OSSORIO Y GALLARDO, La España de mi vida.
Autobiografía, Buenos Aires, Losada, 1941, p. 135 opinaba que las muertes ocasionadas en las jornadas de
“pacificación” no guardaban proporción con las víctimas caídas en el curso de los combates.
3 Helen GRAHAM, El PSOE en la Guerra Civil. Poder, crisis y derrota (1936-1939), Barcelona, Random
House Mondadori/Debate, 2005, p. 32.
4 Véanse la contextualización e interpretación en Julio ARÓSTEGUI, Largo Caballero. El tesón y la
quimera, Barcelona, Debate, 2013, pp. 339 ss. Esta biografía debiera ser de obligada lectura antes de emitir
cualquier juicio sobre la ejecutoria política del personaje.
5 Una demostración de la inconsistencia de las alegaciones de fraude que aún hoy se hacen sobre las
elecciones de febrero de 1936, en Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA y Francisco SÁNCHEZ PÉREZ,
“Revisando el revisionismo. A propósito del libro 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente
Popular”, Historia Contemporánea, nº 58, 2018, pp. 851-881.
6 Como ejemplo de estudio sistemático de esta medida de emergencia, investigada durante décadas, véase
el camino recorrido por Ángel VIÑAS, El oro español en la Guerra Civil. Madrid, Instituto de Estudios
3
7. Durante la Guerra Civil, las incautaciones de bienes muebles en zona republicana se
efectuaron bajo cobertura legal: el 23 de septiembre de 1936 se constituyó una Caja de
Reparaciones y Daños Derivados de la Guerra, que fue nutrida por el Tribunal Especial
(luego Popular) de Responsabilidades Civiles. Éste determinaba el monto de las
compensaciones por actos delictivos contra el Estado y cubría los daños ocasionados por
el movimiento rebelde con medidas como incautaciones de patrimonio o multas7
.
8. Los Tribunales de urgencia militarizados fueron establecidos por la Ley de Orden
Público promulgada el 30 de julio de 1933, y fueron especialmente activos durante el
período de gobierno de centro-derecha, entre septiembre de 1933 y enero de 1936. En
cuanto a los Tribunales especiales, surgieron por Decreto de 23 de agosto de 1936,
redactado por el magistrado del Tribunal Supremo Mariano Gómez González, para frenar
matanzas indiscriminadas como la efectuada en la cárcel Modelo de Madrid en la noche
del 22-23 de agosto de 1936 mediante la aplicación de procedimientos sumarísimos
típicos de la jurisdicción de guerra8
.
9. Durante el mandato de Largo Caballero como presidente del Gobierno no se
cometieron “las mayores atrocidades en la zona republicana”, sino todo lo contrario: la
recuperación paulatina de la autoridad del Estado con la eliminación de las milicias de
vigilancia en retaguardia y la canalización y limitación de la represión política (habitual
en toda guerra) por medio de los tribunales populares. El mandato no fue “el más
sangriento de la zona republicana”, sino que, lamentablemente, fue el del catedrático
republicano José Giral, presidente de un Gobierno donde no había representación obrera,
quien tuvo que soportar la atomización de la autoridad estatal y la violencia descontrolada
del verano de 1936. El 80 % de las víctimas caídas en la retaguardia republicana lo fueron
en los cinco primeros meses de la guerra. El grueso de la violencia homicida en zona
republicana tuvo lugar desde el estallido del golpe de Estado hasta finales de 1936,
momento en que el Gobierno de Largo Caballero logró reconstruir gran parte del aparato
estatal9
.
10. La afirmación de Vox de que “la llegada de Indalecio Prieto a la presidencia del PSOE
en 1935, supuso el comienzo de una deriva revolucionaria y radical junto a Largo
Caballero como secretario general de UGT”, es errónea: fue en 1933-1934 cuando Prieto

Fiscales, 1976 hasta El escudo de la República. El oro de España, la apuesta soviética y los hechos de
mayo de 1937, Barcelona, Crítica, 2007.
7 Francisco ALÍA MIRANDA, La guerra civil en la retaguardia. Conflicto y revolución en la provincia de
Ciudad Real, Ciudad Real, Diputación, 1994, pp. 249-256; Amaro del ROSAL DÍAZ, “La Caja de
Reparaciones (Ministerio de Hacienda) y el Tribunal de Responsabilidad Civil (Ministerio de Justicia),
1936-1939”, en Justicia en guerra., Madrid, Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Dirección General
de Bellas Artes y de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 1990, pp. 239-245, y Glicerio
SÁNCHEZ RECIO, La República contra los rebeldes y los desafectos. La represión económica durante la
guerra civil, Alicante, Universidad de Alicante, 1991, pp. 8 y 19.
8
Javier CERVERA GIL, Contra el enemigo de la República, desde la Ley: detener, juzgar y encarcelar en
guerra, Madrid, Biblioteca Nueva, 2015: 133-175, y Glicerio SÁNCHEZ RECIO, “Justicia ordinaria y
Justicia popular durante la guerra civil”, en Justicia en guerra, Madrid, Ministerio de Educación Cultura y
Deporte, Dirección General de Bellas Artes y de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 1990,
pp. 91-103 y La República contra los rebeldes y los desafectos, pp. 100-122 y 124-166.
9 Sobre la dinámica de la violencia en la zona republicana, véase la valoración global de José Luis
LEDESMA VERA, “’La santa ira popular’ del 36. La violencia en la guerra civil y la revolución. Entre
cultura y política”, en Javier MUÑOZ, José Luis LEDESMA y Javier RODRIGO (coords.), Culturas y
políticas de la violencia. España, siglo XX, Madrid, Siete Mares, 2005, pp. 147-192.
4
se sumó a la vía revolucionaria dominante en el PSOE, pero desde el verano de 1935 son
de sobra conocidas sus discrepancias con Largo, con quien mantuvo un tenso forcejeo
político que tuvo como momento culminante el veto interpuesto el 11 de mayo de 1936
por el grupo parlamentario socialista a la formación de un gobierno bajo su liderazgo. Las
discrepancias se prolongaron hasta más allá de la Guerra Civil.
11. La rivalidad entre las diversas alas del PSOE se agravó desde la formación del
gobierno Casares el 13 de mayo de 1936. El creciente encono entre compañeros motivó
la creación a inicios de marzo en el seno de la Juventud Socialista Madrileña y del
Sindicato de Artes Blancas de la UGT del grupo “La Motorizada”, dirigido por Enrique
Puente y adiestrado por el capitán Fernando Condés como guardia de protección de
Indalecio Prieto frente a posibles atentados falangistas o caballeristas. Nunca contó con
instrucción militar ni con acceso ilimitado a armas y munición, ya que el número de sus
integrantes era reducido (entre 30 y 150 miembros, según las fuentes), y nunca actuó
como grupo paramilitar. El que uno de sus miembros, Victoriano Cuenca, participase en
la detención y asesinato de Calvo Sotelo (que de ninguna manera era el “jefe de la
oposición” en aquellos momentos) no supone la complicidad de este grupo o la personal
de Prieto. Está sobradamente demostrada la actuación unilateral de oficiales de la Guardia
de Asalto del cuartel de Pontejos, que de esta manera se cobraron venganza del asesinato
de uno de sus compañeros, el teniente José del Castillo, presumiblemente a manos de la
clandestina Unión Militar Española (UME). Ni el Gobierno Casares (que condenó los
hechos con contundencia) ni el PSOE tuvieron nada que ver en este acto de represalia10
.
Es más, tras haber operado en el Guadarrama a inicios de la guerra, “La Motorizada”
intentó evitar la masacre de la Modelo aludida en el punto 8 del presente documento11
.
12. A la acusación contra Prieto de “represión indiscriminada contra religiosos, militantes
de derechas y empresarios, y luego entre las Fuerzas Armadas encargadas de sofocar el
intento revolucionario” de 1934, nos remitimos a los expresado en el punto 3 de esta
valoración técnica. Al menos en este párrafo, el documento de Vox hace dos afirmaciones
ciertas: que la República era un gobierno legítimo y que el Frente Popular ganó las
elecciones de 1936.
13. Por último, ampararse en la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre
de 2019, de condena a los regímenes totalitarios y a sus representantes, requiere establecer
una caracterización de este tipo de regímenes políticos. Según la obra clásica de C.
Friedrich y Z. K. Brzezinski, los rasgos fundamentales del totalitarismo son:
● Ideología oficial bien perfilada y frecuentemente salvífica y semirreligiosa, que abarca todos
los aspectos de la actividad y de la existencia del hombre, critica radicalmente el estado de
cosas existente y lucha por su transformación hasta alcanzar el final perfecto de la
humanidad.
● Partido único de masas, liderado por un dictador, estructurado de modo jerárquico, que forma
parte integral del aparato burocrático del Estado y que responde a una ideología oficial
precisa y definida.
● Sistema de control policial de tipo terrorista, apoyado por el partido y dirigido no sólo contra
los “enemigos” demostrables, sino contra clases de población arbitrariamente seleccionadas.

10 Manuel TAGÜEÑA LACORTE, Testimonio de dos guerras, Barcelona, Planeta, 1978, p. 69, e Indalecio
PRIETO TUERO, Convulsiones de España. Pequeños detalles de grandes sucesos, México, Oasis, 1967-
1969, vol. III, p. 159.
11 Helen GRAHAM, The Spanish Republic at War 1936-1939, Cambridge, Cambridge University Press,
2002, p. 128.
5
● Monopolio por el partido y sus cuadros de todas las actividades públicas políticas y sociales
basado en la moderna tecnología, con estricto dominio de los medios de comunicación de
masas y con reducción de la esfera social privada.
● Control de todos los medios efectivos de combate armado en manos del partido y de la
burocracia subordinada.
● Voluntad de control y centralización de la vida económica mediante la coordinación
burocrática de las antiguas entidades corporativas, incluyendo otras asociaciones y
actividades12
.
Salta a la vista que ninguna de estas características puede ser asignada a la
democracia republicana, que se defendió con todos los medios legales a su alcance del
ataque del militarismo y el fascismo. Estos sí instauraron un régimen tendencialmente
totalitario: el franquismo, que ha sido condenado repetidas veces por la ONU, el Consejo
de Europa y el Parlamento Europeo, pero nunca explícitamente por Vox.
A título meramente informativo, interesa señalar que Largo Caballero puede
considerarse víctima del terrorismo, ya que la Falange tiroteó su domicilio y estuvo a
punto de matar a una de sus hijas en un atentado el 15 de marzo de 1936. Igualmente se
puede considerar víctima del nazismo, pues estuvo prisionero en el campo de
Sachsenhausen (al norte de Berlín) desde el 31 de julio de 1943 al 21 de abril de 1945.
La enmienda del PP y Cs, que fue finalmente aprobada, menciona el artículo 15.1
de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que ordena a las administraciones públicas la
retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de
exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la
represión de la Dictadura. Además de señalar que buena parte de las acusaciones vertidas
en la iniciativa de Vox se refieren a épocas anteriores a la que da cobertura dicha Ley, es
preciso resaltar la incongruencia que encierra querer ejecutar una damnatio memoriæ
sobre figuras políticas que, precisamente, se distinguieron por su oposición a la
sublevación militar, por la defensa de la legalidad en la guerra civil que ésta provocó, y
por ser víctimas (en tanto que perseguidos y exiliados) de la Dictadura resultante.
Las conclusiones de este análisis preliminar es que los autores de la iniciativa
presentada por el Grupo Municipal Vox en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, más
allá de la penosa articulación formal de sus argumentos, y de la falacia de la inmensa
mayoría de los mismos, han recurrido para elaborarla a los viejos y desacreditados clichés
pseudohistóricos de la propaganda franquista, acarreando de forma confusa los mitos
guerracivilistas enunciados en 1939 por el Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad
de poderes actuantes en 18 de julio de 193613
.
A diferencia de la nula documentación que se adjunta a la iniciativa de Vox, los
profesores e investigadores abajo firmantes declaran estar en condiciones de aportar
pruebas documentales de todas las afirmaciones que se hacen en la presente prueba de
verificación. Las ponen a la disposición de la comisión que —suponemos— se

12 Carl Joachim FRIEDRICH y Zbigniew K. BRZEZINSKI, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, 2ª
ed. revisada, Cambridge, Harvard University Press, 1964, pp. 9-10.
13 ESTADO ESPAÑOL, MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN, Dictamen de la Comisión sobre
ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de Julio de 1936, Madrid, Editora Nacional, 1939.
6
establecerá antes de que se adopte la decisión definitiva, como ocurrió en el proceso de
resignificación del callejero madrileño abordado por la anterior corporación municipal.
Este juicio técnico preliminar aspira a convertirse en un futuro próximo en un
informe donde se clarifique de una vez por todas la ejecutoria de estas dos importantes
figuras de nuestra historia contemporánea, sustrayéndolas de las maquinaciones propias
de la baja política.