El juez Diego de Egea va a comunicar mañana miércoles su renuncia a la comisión de servicio que le mantiene desde el verano de 2017 como juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, han informado fuentes jurídicas. El caso más relevante de cuantos instruye desde entonces es la Operación Tándem o caso Villarejo, que afecta ya a varias instituciones del Estado.

El magistrado abandona en medio de un enfrentamiento abierto con la Fiscalía Anticorrupción, con la que ha discrepado en casi todas las decisiones importantes. Su renuncia se produce a pesar de que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional había acordado solicitar una prórroga de la comisión de servicio para el Juzgado Central de Instrucción número 6 al Consejo General del Poder Judicial, cuya Comisión Permanente debía decidir en los próximos días, según había informado  eldiario.es este mismo martes.

La decisión de la Audiencia Nacional, que preside José Ramón Navarro, colocaba en una difícil texitura al CGPJ, al que había llegado el profundo malestar de la Fiscalía por la actuación de De Egea en uno de los casos más delicados de cuantos se instruyen en la actualidad. El  CGPJ solo podía pronunciarse a favor o en contra de que siguiera un juez de refuerzo en el Juzgado de Púnica y Lezo, una vez ya había sido asignada esa comisión de servicio a De Egea.

Con la renuncia voluntaria del magistrado, que alegará «motivos personales», según ha adelantado la cadena Ser, el CGPJ tiene vía libre para renovar la comisión de servicio, pero asignando a un nuevo magistrado. A partir de ahora será el titular del Juzgado, Manuel García Castellón, quien investigará a la «organización criminal» liderada presuntamente por el comisario José Manuel Villarejo, y el juez que llegue de refuerzo los casos nuevos que entren.

De Egea había llegado a la Audiencia Nacional en una polémica decisión del propio Poder Judicial, que había negado un refuerzo a Eloy Velasco en el Juzgado 6 y se lo concedió a su relevo, Manuel García Castellón, al poco de retomar la plaza de la que es titular. La Comisión Permanente se partió en dos y fue el voto de Carlos Lesmes, su presidente, el que decantó la balanza a favor de De Egea. 

El enfrentamiento entre De Egea y los fiscales del caso, Miguel Serrano e Ignacio Stampa, era total. En un auto reciente, el juez acusaba a los dos representantes del Ministerio Público de realizar una investigación “prospectiva” en una de las piezas separadas. 

La Operación Tándem o caso Villarejo lleva meses copando la actualidad nacional. Desde que se judicializó la investigación al comisario, hace más de un año, se han visto afectados el rey emérito; la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado; la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal; y la cúpula policial del anterior Ejecutivo, entre otros muchos. Eso, que se sepa, porque la causa está en parte secreta y   parece esconder otras ‘bombas’ entre el ingente material incautadoal policía jubilado. Pero a pesar de la relevancia del caso, el desencuentro jurídico entre el magistrado instructor y la Fiscalía Anticorrupción, autora de la querella que dio origen al mismo, es total.

Los fiscales se han opuesto a los archivos de la causa para varios clientes de Villarejo y para el  comisario Salamanca. También solicitaron sin éxito la prisión provisional para el comisario Enrique García Castaño, detenido por orden de la Fiscalía, después de que   el juez hubiera garantizado previamente al mando policial que no sería arrestado. De Egea decidió que la investigación se desgajara de la de Villarejo y los fiscales lo recurrieron. A García Castaño, El Gordo, se le atribuye organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales y revelación de secretos. Se trata del comisario que habría vendido datos confidenciales para que Villarejo elaborara dosieres para sus clientes.

Fuentes jurídicas apuntan a que el magistrado no aprecia relevancia penal en las grabaciones en las que García Castaño habla con Villarejo de dinero negro y en los documentos incautados a éste, donde aparecen presuntas gestiones de “Big”, el alias que utilizaba para su compañero. Esas gestiones eran incluidas luego por Villarejo en los informes que vendía a sus clientes a precios estratosféricos. 

Por otra parte, Anticorrupción se opuso al establecimiento a una fianza al abogado Rafael Redondo, encarcelado en noviembre de 2017 junto a Villarejo, por el riesgo que correría la investigación si quedaba libre. El socio del comisario terminó por salir de prisión en septiembre. La semana pasada, la Sala de lo Penal decidió levantar el secreto del archivo en papel de Villarejo, como había acordado De Egea, en contra del criterio de los fiscales. A esta segunda instancia de la Audiencia Nacional ha recurrido la Fiscalía para hacer frente a las principales decisiones del juez.

El diario  El Mundo publicó el pasado 6 de diciembre que De Egea se plantea sustituir la prisión provisional de Villarejo por la imposición de una fianza y que, de ser satisfecha, su libertad estaría limitada por una pulsera telemática. El magistrado insistiría así en una posibilidad que rechazó hace seis meses Instituciones Penitenciarias, a consultas del propio De Egea. En España, el control telemático está limitado a los condenados en sentencia firme.

Este lunes,   elconfidencial.com aseguraba que el magistrado se plantea imponer una fianza a Villarejo de entre 3 y 5 millones de euros que, de ser cubierta, conllevaría medidas inéditas, como visitas de la Guardia Civil tres veces al día para comprobar que no se fugara e imposibilidad de que el comisario se conecte a Internet “mediante métodos tecnológicos”.