Desde AZ Periodistas seguimos con nuevas noticias en el eterno Caso Vivanta del fondo Portobello de Sánchez-Asiain. Así, y según el digital Lainformación, «la tensión en el procedimiento judicial abierto contra Portobello por la compra de la red de franquicias Unidental, que luego pasó a integrarse en el grupo Vivanta, va ‘in crescendo’ por el cruce de querellas entre el fondo de inversión y uno de los propietarios que participó en la venta de clínicas. Todo ello después de que una juez de instrucción de Madrid haya rechazado continuar investigando por un delito de extorsión al empresario que mantiene imputados a los responsables de la firma de capital privado por presuntamente engañar a los dueños de los centros dentales con el objetivo de eludir los pagos pendientes por la adquisición del negocio. Según indica la magistrada Margarita Valcarce, el hecho de que el dueño de uno de los locales amenazase con llevar las posibles pruebas de estafa a la Agencia Tributaria o a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional no implica la comisión de ningún delito, ya que su única intención era «que se diera cumplimiento al contrato firmado en su día».
Lo publicado por Laiformación es rotundo y exhaustivo: «Los socios de Portobello se encuentran investigados en el Juzgado de Instrucción de Madrid número 49 a raíz de una querella por un delito de estafa que interpuso este empresario tras recibir por error un correo electrónico de un empleado del Grupo Vivanta que contenía un archivo que presuntamente reflejaría la existencia de una doble contabilidad. Ésta estaría compuesta, por un lado, por las cifras reales de las clínicas y, por otro lado, por las cuentas que el fondo de inversión habría manipulado registrando la disminución de ingresos obtenidos o pérdidas para justificar ante los vendedores que no abonarían las cantidades pendientes y aplazadas tras la compra». Portobello niega rotundamente estos hechos y en respuesta a ello presentó el pasado mes de julio una querella contra esta persona a la que compró su clínica en 2018. Según señaló, el dueño del centro adquirido, antes de acudir a los tribunales para instar la apertura de una causa judicial contra el fondo de capital riesgo, habría «amenazado» a la firma española con ir a Hacienda y a la Policía para denunciarles por el impago de 77.000 euros.
Lainformación aclara que «El Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid ha sido el encargado de analizar si existió la «extorsión» denunciada. Tras tomar declaración a ambas partes, la magistrada Margarita Valcarce ha acordado el archivo de las actuaciones, pues según explica en un auto con fecha del pasado 3 de diciembre, al que ha tenido acceso La Información, el hecho de que el querellado pusiera de manifiesto su «discrepancia con las cantidades abonadas» y advirtiera de su intención de poner a disposición de la AEAT o de la UDEF los documentos que le llegaron por error «no implica que nos encontremos con un delito de extorsión, pues ni existe violencia, ni intimidación. La juez explica que para afirmar que los hechos denunciados son «actos intimidatorios» deben darse dos requisitos: que su contenido sea «objetivamente compulsivo y que la intención del autor sea la de influir en el sujeto pasivo, lo que no ocurre en el presente supuesto». Así, añade que la única intención del querellado era que se diera cumplimiento al contrato firmado en su día, y al no estar conforme con la contabilidad entregada, informó de su intención de denunciar los hechos en los juzgados, lo que finalmente ha ocurrido y se encuentra en manos de otros de los ‘despachos’ de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, el número 49.
