La investigación del Caso Cusarch continúa. La trama, desarrollada en el seno del PP balear y la Policía de Palma, cuenta con dos personalidades en el centro de la diana: el expresidente de la formación en Palma, José María Rodríguez, y el concejal de la ciudad, Álvaro Gijón. Ambos están acusados, entre otras cosas, de gastar ingentes cantidades de dinero diarias en cocaína y prostitutas.

En mitad de estas investigaciones, la Policía Nacional se ha personado en la sede local de Europa Press y Diario de Mallorca para requisar documentación y equipos tanto corporativos como personales. El único objetivo pasa por conocer el origen de la filtración periodística que publicó en exclusiva la delegación, tal y como informa la agencia de noticias, e imputar a los responsables por un delito de descubrimiento de secretos, tal y como han solicitado los dos principales imputados.

En la redacción de la agencia de noticias se han presentado tres agentes y una secretaria judicial. Allí han presentado la orden de registro y han exigido a la periodista que cubre el caso que entregue toda la información y documentación relacionada con el caso.

La redactora se ha negado en todo momento, acogiéndose a su derecho profesional a no revelar las fuentes. Mientras tanto, los agentes le han negado a contactar con los servicios jurídicos de la empresa y finalmente se han llevado el teléfono móvil de la periodista, dos ordenadores de la empresa y varios documentos para conocer su origen, a pesar de las reticencias de los presentes.

El registro realizado en Europa Press también se ha extendido a la sede del Diario de Mallorca. Allí se han personado varios agentes con el propósito de investigar e incautar toda la información que posee el periodista Kiko Mestre, así como su teléfono personal.

El periodista de Diario de Mallorca, Kiko Mestre @Piomoa43, explica la intervención de su teléfono móvil por la @Policiaen relación al Caso Cursach #LibertaddePrensapic.twitter.com/r8HyN148vo

— Diario de Mallorca (@diariomallorca) 11 de diciembre de 2018

Condena unánime

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha rechazado tajantemente todo lo ocurrido y considera que vulnera el derecho de los periodistas al secretos profesional. Además, destacan que ese derecho se basa en la protección de sus fuentes, incluyendo documentación del estilo a la intervenida por la Justicia y la Policía Nacional.

También ha habido condena por parte del Sindicat de Periodistes de Baleares (SPIB) y la Assocació de Periodistes de Balears (APIB), que consideran que el caso representa «el mayor atentado contra la libertad de prensa de la historia democrática de Baleares«.

La presidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol, también se ha sumado a esa condena: «la libertad de expresión es uno de los pilares de nuestra sociedad. Mi apoyo a los profesionales de Diario de Mallorca y Europa Press. La información rigurosa y libre refuerza nuestra democracia«.

Mientras tanto, la Justicia continúa incautando información, en un proceso similar al que llevó a la imputación de los periodistas de El Diario, Ignacio Escolar y Raquel Ejerique, tras el estallido del Caso Cifuentes.