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JMF: ¿Hay separación de poderes en España?

Alfredo De Diego: Formalmente hay una separación de poderes. Pero lo cierto es que, normalmente, el Ejecutivo está apoyado por el Legislativo, de forma que pocas o ninguna de las iniciativas del Ejecutivo deja de salir adelante. Hasta la fecha, y desde hace más de treinta años, también el órgano de gobierno del Poder Judicial se encuentra en manos de los partidos, de manera que el partido en el poder y la oposición pueden influir, a través del reparto de los vocales, en el nombramiento de las más altas instancias del poder judicial. Esto supone una indebida interferencia política en el poder judicial.

JMF: ¿Hay intencionalidad en ello?

Alfredo De Diego: No me cabe la menor duda. El pastel a repartir es muy goloso. A través del CGPJ se designa o selecciona al presidente y vicepresidente del Tribunal Supremo; a todos los magistrados del mismo Alto Tribunal; al presidente de la Audiencia Nacional y a los presidentes de todas sus salas; a los presidentes de todos los TSJ y a los presidentes de todas sus salas; a los presidentes de todas las Audiencias Provinciales, a dos magistrados del Tribunal Constitucional, al magistrado del Tribunal Supremo que resuelve sobre las autorizaciones al CNI para hacer escuchas y demás injerencias en los derechos fundamentales… No es precisamente un botín pequeño.

JMF: La Constitución ya abre la puerta a este cambalache ¿no?

Alfredo De Diego: La Constitución dejó abierta, con remisión a una ley infraconstitucional, la forma de elección de los vocales del Consejo. Y el Tribunal Constitucional avaló la parlamentarización de su elección en la sentencia 108/1986, como podía haber avalado que los vocales se nombrasen por sorteo entre los candidatos que cumpliesen determinados requisitos, siempre que así se hubiese establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero lo que ni la Constitución ni la sentencia 108/1986 del Tribunal Constitucional avala es el trapicheo de sillones. Le debió de quedar mala conciencia al Tribunal Constitucional cuando confió el sistema de elección al Parlamento pues en la misma sentencia advirtió que, para garantizar la finalidad pretendida por la Constitución, «ofrece poca duda» que la finalidad constitucional de lograr un Consejo que «refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial» «se alcanza más fácilmente atribuyendo a los propios jueces y magistrados la facultad de elegir a doce de los miembros del CGPJ». Incluso sugirió en la misma sentencia la conveniencia de volver a la elección de los vocales del turno judicial por los propios jueces. Hasta hoy ninguno de los Gobiernos del Reino de España ha tenido una voluntad seria de cambiarlo.

JMF: ¿Cómo habría que elegirlos?

Alfredo De Diego: El CGPJ lo forman 20 vocales y estamos hablando exclusivamente de los 12 del turno de jueces. El resto (8) ya se establece constitucionalmente que serán elegidos 4 por el Senado y 4 por el Congreso. Por lo que respecta a los 12 vocales del turno judicial, deben ser elegidos por los propios jueces, mediante elección directa y secreta: un juez/un voto. Es una exigencia democrática, que elimina factores de corrupción ―como son las influencias políticas indebidas en los nombramientos de los más altos cargos de la magistratura― y refuerza la imagen de independencia; exigencia propugnada por un organismo poco sospechoso de ideas antidemocráticas, como es el Consejo de Europa. El GRECO (acrónimo del Grupo de Estados contra la corrupción, enmarcado en el Consejo de Europa), en sus informes nos presenta reiteradamente ante Europa como un Estado incumplidor, en el que no se respetan sus recomendaciones en materia de elección de los miembros de procedencia judicial que deben formar parte del CGPJ y advierte que, con ello, se favorece la corrupción. Frente a esta realidad no hay ningún argumento razonable que justifique el contumaz empeño de buena parte de la clase política en ser ella quien, parapetándose formalmente en el Congreso y Senado, elija a los vocales judiciales.

JMF: Dicen que la voluntad popular solo esta en las Cortes…

Alfredo De Diego: Ese es uno de los latiguillos usados continuamente por quienes se aferran a apadrinar a los vocales del Consejo y mantener el sistema de clientelismo. Las Cortes no se eligen para que interfieran en otro poder controlando o influyendo en los nombramientos de la cúpula judicial. Las Cortes se eligen para que elaboren las leyes que el poder judicial tendrá que interpretar y aplicar. Los ciudadanos eligen senadores y diputados, no indirectamente jueces. El argumento de la «legitimidad» de la elección parlamentaria de los vocales judiciales frente a  su elección por los propios jueces es una falacia. La elección de los vocales judiciales directamente por los propios jueces no tiene ni más ni menos legitimación democrática que su designación parlamentaria. Una vez que el pueblo soberano manifestó su poder constituyente aprobando en referéndum nuestra Carta Magna de 1978, la legitimación democrática la otorga, en lo que aquí interesa, tan solo la Constitución, sin complejos. Y debe recordarse que el máximo intérprete de la Constitución consideró que tan constitucional era uno como otro sistema.

JMF: También se habla de que si jueves eligen jueces será un reino de taifas…

Alfredo De Diego: Lo que es un verdadero lodazal es el reparto de camisetas rojas y azules entre vocales del Consejo. Y buena prueba de ello ha sido el wasap que delató, a las claras, cual es la intención de los partidos al repartirse el Consejo: controlar a las altas magistraturas del poder judicial. Eso sí es un escándalo, por otra parte conocido desde hace tiempo como un secreto a voces. Lo del “reino de Taifas” no lo había oído. Sí lo de que sería una elección corporativista, que es otra de las muchas falacias utilizadas por quienes no quieren soltar la presa. Verás, 12 vocales tienen que ser ineludiblemente jueces o magistrados porque así se establece en la Constitución. Te invito a una reflexión. ¿Crees que los partidos disponen de una varita mágica para saber elegir a los doce jueces que no sean corporativos?  Lo que sí distinguen claramente los negociadores de los partidos que se reparten el botín, es quiénes son y serán jueces «de su confianza», bien por relación de amistad o de afinidad ideológica. Somos mayores de edad para elegir a una parte del órgano que nos gobierna; ¿qué hay más democrático y normal que los gobernados elijan a sus gobernantes?

JMF: Lo de corporativos sí se dice y además se añade que por una parte los jueces también tienen su ideología política y que los vocales serían solo de asociaciones de jueces que en total son minoritarias.

Alfredo De Diego: Otra falacia más y van… Ninguna asociación defiende que los vocales sean designados por las propias asociaciones. Habrá que repetirlo una y mil veces hasta que se vayan enterando. El sistema que reclamamos es el de candidaturas personales e individuales. Otra cosa es que, para poder ser candidato se exija el aval de una asociación o de un número de jueces. De esta manera, cualquier juez, con unos pocos avales de sus compañeros o con el aval (que no designación) de una de las asociaciones, podrá presentar su candidatura personal a vocal del Consejo. Además, la enmienda aprobada en el Senado por PP y Ciudadanos incluye una cláusula de salvaguarda: cada elector juez solo podrá votar a 6 candidatos (de los 12 elegibles) y sin voto delegado. Esta cláusula sirve como contención de eventuales maniobras para acaparar todos los puestos por alguna asociación y, sobre todo, para dar cabida a las minorías.

JMF: Supongamos que arreglamos el CGPJ, nos queda otro nido político: el TC.

Alfredo De Diego: La elección de los magistrados del TC no tiene tan fácil arreglo como el cambio de sistema en la elección de los vocales judiciales del CGPJ. Sería necesario abrir el melón de la modificación constitucional, porque es la Constitución directamente la que ha establecido en su artículo 159 que, de los doce miembros del Tribunal Constitucional, cuatro se nombren a propuesta del Congreso, otros cuatro a propuesta del Senado, dos a propuesta del Gobierno, y dos más a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

JMF: Vamos apañados entonces…. ¿Cambiarías algo de lo famosos ‘aforamientos’?

Alfredo De Diego: Sin duda. España tiene el dudoso honor de estar en la liga de campeones en número de aforamientos. Es conveniente explicar que los aforamientos políticos lo son respecto de la comisión de cualquier delito, no solo para aquellos que puedan cometer en el ejercicio de sus cargos o funciones. Por ejemplo, si un diputado es denunciado por maltrato a su pareja, el asunto lo instruirá y enjuiciará el Tribunal Supremo. No tiene el menor sentido. Yo soy partidario de restringir los aforamientos. Al menos, deberían quedar reducidos a los delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Solo en estos casos podría tener justificación el que sea un tribunal superior el que instruya y enjuicie; y no tanto por proteger al aforado, sino por proteger al juez de trinchera de las presiones, escraches y demás lindezas antidemocráticas a que puede verse sometido por quienes disponen de armas y bagajes de toda índole para atacarle en lo personal y profesional.

JMF: Y el aforamiento de los jueces, ¿se justifica?

Alfredo De Diego: Para empezar, el aforamiento de jueces y también fiscales (que es el mismo) lo es exclusivamente en relación con los delitos cometidos en el ejercicio del cargo. Poniendo el mismo ejemplo anterior, si un juez es denunciado por maltrato a su esposa, no existe ningún tipo de aforamiento. El caso será instruido y enjuiciado como el de cualquier otro ciudadano. Esto ya es una diferencia importante. Con todo, teniendo en cuenta la forma en que son seleccionados en estos momentos los integrantes de la Sala de lo Civil y Penal de los TSJ (a la que estamos aforados los jueces y fiscales) yo, personalmente, preferiría ser investigado y enjuiciado sin aforamiento alguno. Para que se entienda bien: de los tres magistrados que componen esa Sala, uno es el presidente del TSJ (nombrado por el CGPJ discrecionalmente); otro es un magistrado que llega a la sala no por escalafón, sino también por nombramiento discrecional del CGPJ (basta con tener 10 años en la categoría); y el tercero es propuesto por el parlamento autonómico de la correspondiente comunidad. Otro escándalo: los parlamentarios autonómicos eligen a uno de los jueces que, si llega el caso, será quién les enjuicie por aforamiento. Con esta composición actual, prefiero no estar aforado.

JMF: Mucho hay que cambiar para que realmente haya separación de poderes entonces…

Alfredo De Diego: Trabajo queda por hacer, solo hace falta voluntad que hasta ahora no ha habido. A salvo las propuestas, en su momento de UPyD y más recientemente de Ciudadanos, con la adhesión en el último minuto del PP.

JMF: Si tantos están de acuerdo será hasta posible, ¿o no lo piensas?

 El próximo 21 de diciembre veremos cuál es la posición en el Parlamento, sobre todo del grupo socialista y de Podemos. Tienen que elegir entre unirse a la democrática reforma de claro carácter europeísta sobre la elección de los vocales del turno judicial por los propios jueces o mantenerse en la tozuda y retrógrada posición del clientelismo consistente en seguir apadrinando como vocales del Consejo a sus jueces afines. Si no me equivoco, en el Congreso hacen falta seis votos más unidos a los del PP y Ciudadanos, para que se aprueba la reforma en este sentido. Quedan también el PNV y CC. No quiero adelantar ninguna quiniela. Todo está por ver.

JMF: Gracias Alfredo, en nada lo veremos, un abrazo.

Alfredo De Diego: pronto. Un abrazo y encantado de haber contactado contigo.