La Iglesia empezó a registrar bienes en 1946 al amparo de la Ley Hipotecaria del régimen franquista. Cincuenta años después volvió a ampararse en la legislación (artículo 206 de la Ley Hipotecaria) cuando el Gobierno de Aznar reforma la ley en 1998 que dio barra libre a la Iglesia para registrar a su nombre Bienes de Interés Cultural (BIC), entre ellos la mayoría de las catedrales españolas. 

Bajo el Gobierno de Rajoy, una nueva reforma, en junio de 2015, frenó la posibilidad de que la Iglesia siguiera registrando propiedades como suyas sin que lo acreditara, pero esto no hizo revertir la situación, sino que en la práctica dio como resultado lo que Europa Laica califica de “amnistía registral”, reprobada incluso por el Tribunal Europeo de Estrasburgo.

 

El inminente anuncio del Gobierno de que está preparando una lista de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica desde 1998 ha provocado un aluvión de reacciones y noticias, generando una gran controversia y un baile de cifras que hace difícil cuantificar a ciencia cierta cuantos bienes en España están en poder de las diócesis.

 

La propia Conferencia Episcopal (CEE) ha reconocido que «no dispone de un registro de bienes inmuebles de la Iglesia». Así lo aseguró recientemente el vicesecretario económico de la institución, Fernando Giménez Barriocanal, quien también se atrevió a cifrar los bienes inscritos entre 30.000 ó 40.000, mientras algunos colectivos laicistas llegan a hablar de 60.000 y hasta de 100.000