Iñigo Sánchez-Asiain opta a un rescate de 40 millones de la SEPI en las clínicas Vivanta pese a facturar a niveles prepandemia

Según informa The Objective, la SEPI anunciaba el pasado martes su decisión de contratar asesores jurídicos y financieros externos para analizar la situación particular de tres de las 60 compañías que han solicitado ayudas públicas al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee). La cadena de clínicas dentales y medicina estética Vivanta es una de ellas. Opta a un rescate público de 40 millones de euros, a pesar de que «la situación financiera de la compañía actualmente es buena» y de que está «llegando a niveles de facturación prepandemia», según afirman fuentes de Vivanta a THE OBJECTIVE.

También El Distrito informa al respectoen un video titulado IÑIGO SÁNCHEZ-ASAÍN OPTA A UN RESCATE DE 40 MILLONES DE LA SEPI PARA VIVANTA PESE A ESTAR INVESTIGADO POR UN DELITO DE ESTAFA Y FALSEDAD DOCUMENTAL (VER VIDEO)

Como infirma The Objective, la compañía se enfrenta a una guerra en los juzgados desde 2018 contra sus antiguos accionistas minoritarios y registró pérdidas por 20,13 millones de euros a cierre de 2019, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil y consultadas por este diario a través de la herramienta Insight View. Dos factores que podrían poner en riesgo las ayudas públicas solicitadas por Vivanta a la SEPI, de acuerdo a las condiciones condiciones que se detallan en la orden ministerial por la que se establece el funcionamiento del Fasee. El fondo Portobello -que constituyó Vivanta en 2017 tras la compra de Unidental, Grupo Láser 2000, Dr. Senís, Plénido y Avandent- mantiene abiertos varios casos penales y mercantiles con los antiguos socios minoritarios de Vivanta. Los juzgados de instrucción de primera instancia número 49 y número 21 de Madrid tienen abiertos sendos procesos en los que están investigados varios directivos de Portobello por presuntos delitos de estafa y falsedad documental. Hay otros dos casos juzgados y pendientes de sentencia en los juzgados de lo mercantil número 2 y número 13 de Madrid.

The Objective también informa que según adelantó el diario Expansión, los 40 millones de euros en ayudas públicas solicitadas por Vivanta al Fsaae están estructurados a través de un préstamo participativo de 20,4 millones de euros y otro ordinario de 19,4 millones. La solicitud del grupo dental a la SEPI se realizó hace un año. La situación sobrevenida por la pandemia paralizó la economía y obligó a cerrar a cal y canto las clínicas dentales y estéticas de la compañía durante meses, recuerdan a este diario fuentes de Vivanta.

«La situación financiera de la compañía actualmente es buena. No tiene nada que ver con la situación de hace un año. Durante este año la compañía está obteniendo buenos resultados y llegando a niveles de facturación prepandemia», añaden las mismas fuentes. Además, se muestran convencidas en que la empresa mantendrá su viabilidad a futuro incluso si no recibiera las ayudas de la SEPI. El pasado mes de febrero, Vivanta remodeló su accionariado dando entrada al fondo especializado en deuda Ares Management y al banco francés BN Paribas, que mediante un canje de deuda por capital valorado en 200 millones de euros pasaron a controlar, respectivamente, un 76% y un 8% del grupo dental. Portobello, que aún conserva el 15%, presentó entonces un plan de negocio para elevar un 30% la facturación de 2019 durante los próximos tres años, hasta los 200 millones de euros en 2024, según adelantó Expansión.

Recientemente El Mundo informó que el juzgado de Instrucción número 49 de Madrid investiga la existencia de una supuesta doble contabilidad en el fondo de inversión Portobello. Uno de los socios del compendio de clínicas dentales Vivanta, participado por la sociedad de capital riesgo, ha puesto a disposición del juez un correo electrónico que fue remitido por error por un empleado y en el que supuestamente se refleja la falsa contabilidad con la que se disminuían los ingresos para eludir pagos. De esta forma, Portobello habría simulado ante los vendedores de centros dentales estar en pérdidas o registrar beneficios mínimos para escamotearles el pago de cantidades sucesivas vinculadas a la marcha del negocio.