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La compra de las clínicas dentales Vivanta a manos de Portobello suma un nuevo capítulo en los tribunales, informa Telmo Avalle para Confilegal en exclusiva. Tras una sentencia condenatoria el pasado julio, que declaraba nula la ampliación de capital de 12,8 millones de euros –con la que el fondo de capital riesgo diluyó la participación de accionistas minoritarios–, sus socios se sentarán en el banquillo por una acción social de responsabilidad.
El titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, Andrés Sánchez Magro, ha establecido la apertura de juicio oral contra el que fuera consejero delegado de Vivanta, Juan Olave Martín, y los responsables de Portobello, incluyendo a su fundador Íñigo Sánchez-Asiaín y sus socios Ramón Cerdeiras, Juan Luis Ramírez Belaustegui y Carlos Dolz Espejo.
La celebración del juicio, fijado para los próximos 20 y 21 de octubre, tendrá lugar prácticamente un año después de que el juez admitiera a trámite una demanda presentada por un accionista de Vivanta.
Sobre estas líneas, los socios de Portobello: Juan Luis Ramírez, Luis Peñarrocha, Ramón Cerdeiras, Iñigo Sánchez-Asiaín y Carlos Dolz.
Este socio minoritario acusa a la firma de ‘private equity’ [fondo de capital riesgo] de adquirir el grupo dental Vera en noviembre de 2018 a un precio muy por encima del que tenían en el mercado, causando con ello un perjuicio para la compañía matriz.
El demandante defiende que la adquisición del conjunto de clínicas dentales se cerró por casi 14 millones de euros sin contar con su consentimiento, ya que la operación se hizo a través de Vivanta.
De acuerdo con el escrito de denuncia, la cantidad desembolsada «no quedaba sostenida por los estados financieros de las compañías adquiridas», si no que se basaba en la situación contable anterior de estas sociedades.
Por ello, sostiene que «había claros indicios de que el valor real de las empresas era mucho menor al que finalmente se pagó».
Siempre según Confilegal, de las tres sociedades que conformaban el Grupo Vera, que en el momento de su venta declaraba una facturación de por encima de los 5 millones de euros, una de ellas llevaba sin registrar actividad desde antes de 2016 y a cierre de 2017 estaba en causa de disolución por presentar un patrimonio contable negativo.
Pese a esta «mala situacion», Vivanta desembolsó dos millones de euros para hacerse con los activos de esta última empresa.
El socio minoritario respalda su acusación en un informe de PwC que «confirmaba irregularidades en el establecimiento del precio» por la información contenida en los estados financieros de Vera.
Ante esta evidencia, el auditor aconsejó a Vivanta vincular el precio de compra a un ebitda posterior.
Recomendación que no tuvieron en cuenta los socios de Portobello, «no vincularon contractualmente ni establecieron ningún ajuste en el precio sobre la base de la contabilidad y ebitda posteriores», según el demandante.
Con base en estos argumentos y según los cálculos del citado informe pericial, considera que el perjuicio causado corresponde con la diferencia entre el precio al que se cerró la compra del Grupo Vera (13,6 millones de euros) y el valor real estimado de las clínicas adquiridas (7,4 millones), lo que equivale a 6,2 millones de euros, la cantidad que reclama a los demandados.
Vivanta es el resultado de las adquisiciones de clínicas que realizó Portobello entre 2017 y 2018. Durante esos años se hicieron con el control de Unidental, Láser 2000, Doctor Senir, Plénido, Anaga y Avandent, para en 2019 poner a la venta del conglomerado por unos 300 millones de euros.
No obstante, las demandas interpuestas por distintos dueños de las clínicas frenaron este proceso, ya que se les acusaba de falsedad, administración desleal y estafa, como la cursada por el máximo accionista de Unidental.
Desde finales de 2020 la cadena pasó a manos de los acreedores, BNP Paribas y Ares Management, por una ejecución de la deuda impagada por Portobello que ascendía a 260 millones de euros.
La gestora de capital riesgo administra un capital de más de 1.500 millones de euros y es accionista de compañías como la cadena de residencias Vitalia, Iberconsa, Angulas Aguinaga, entre otras.
El pasado 2 de agosto anunció la compra de Legalitas por un precio de adquisición por debajo de los 130 millones de euros.
La firma internacional Tikehau Capital actúa como financiador y socio de referencia de Portobello en esta operación, que está sujeta a la aprobación final de la Dirección General de Seguros.
