El párroco de Espeja, un pueblo de poco más de 200 vecinos de Salamanca, fue condenado a un año de cárcel en 1998 por abusos sexuales sobre una niña de diez años, según han reconocido la diócesis de Ciudad Rodrigo, y el obispo de la época, Julián López, que hoy está en León. No llegó a entrar en prisión por no tener antecedentes. Sin embargo, la sentencia no trascendió públicamente y este cura, Joaquín Galán Pino, siguió de párroco en Serradilla del Arroyo, a 40 kilómetros. Al menos desde 2002, según testimonios recogidos en este pueblo, hasta la actualidad. Es más, a día de hoy forma parte, como notario, de la vicaría judicial de la diócesis de Ciudad Rodrigo, como consta en su página web. Es el tribunal eclesiástico que se encarga de juzgar precisamente las denuncias por abuso de menores.

Al margen de confirmar la condena, el obispado de Ciudad Rodrigo se ha negado a responder a otras preguntas que aclaren el caso ni a valorar que sea miembro del tribunal. A Julián López este extremo “no le consta”. Tanto la diócesis como el actual obispo de León aseguran que actuaron “conforme a la legislación canónica vigente” entonces. Admiten que no abrieron ningún proceso eclesiástico. “Se consideró suficientemente importante y válido el proceso en el ámbito civil por lo que no se consideró necesario un proceso canónico expreso”, explica López.

Pero hay más, en un cuadro muy confuso: habría un caso anterior que se ocultó. EL PAÍS ha hallado una víctima de este cura en ese pueblo y en las mismas fechas, pero según la propia familia se trata de otro caso, distinto al que se juzgó y condenó. La diócesis no ha querido aclarar si supo de más acusaciones, aunque Julián López asegura que no tuvo constancia de más denuncias. No obstante, el padre de esta niña, también en torno a los diez años, relata que, en su caso, pactaron con el obispado que el sacerdote fuera trasladado a otro pueblo y no presentaron denuncia. Por esta razón su causa, abierta de oficio por informaciones de la fiscalía, “al final se archivó”, relata este vecino, que prefiere no dar su nombre. “Nos aconsejaron que era lo mejor, para no traumatizar más a la niña con el proceso y los interrogatorios”, cuenta. La sentencia posterior del cura fue tan secreta que ni este hombre sabía que había sido condenado.

En el caso que fue a juicio, según los datos facilitados por la diócesis y por el obispo Julián López, hubo denuncia de la familia de la víctima y el obispo se reunió con ellos. En este supuesto segundo caso, no: “A nosotros nos vino a ver a casa un secretario y luego tuvimos otra reunión en el obispado, pero al obispo nunca le vimos”, recuerda este vecino.

Pero al final en el pueblo algo se supo, porque poco después, tras acordarse el traslado del sacerdote, fue arrestado por la Guardia Civil. Fue el 16 de enero de 1998, pasó una noche en prisión y la noticia salió en los medios. El obispado se vio obligado a emitir una nota de prensa en la que defendía la presunción de inocencia del religioso, que llevaba en Espeja desde 1970. Pero luego se hizo el silencio, nada parece haberse sabido del juicio ni la sentencia, dictada en junio de 1998, y en Espeja todos los vecinos pensaron que el caso había quedado en nada. De hecho, el cura ha vuelto al pueblo a celebrar alguna boda, para indignación de la víctima localizada por este periódico. “El bicho este volvió hace dos años, y te tienes que aguantar. A veces me arrepiento de no haberle partido los morros, pero creo que hice lo mejor para mi hija”, reflexiona.

Ningún responsable de la diócesis de Ciudad Rodrigo ha querido hablar con este periódico. Se halla en una situación peculiar, pues el obispo, Raúl Berzosa, pidió un retiro temporal al Papa el año pasado “por razones personales”. Es gestionada por un administrador apostólico, el arzobispo emérito de Burgos, Francisco Gil, que tampoco accede a hablar.

Julián López, ahora obispo de León y entonces en Ciudad Rodrigo, sí ha respondido. Asegura que supo del caso por una tía de la víctima en octubre de 1997. “Iniciada una investigación en la diócesis y al margen de la actuación judicial que iniciaba también su actuación, el sacerdote acusado puso, por carta, la renuncia a todos su cargos pastorales a primeros de noviembre de 1997, renuncia que se hizo efectiva”. El cura negó los hechos, relata López, que le suspendió de forma provisional y luego definitiva. Mientras fue obispo hasta 2002, afirma, “no tuvo ninguna dedicación pastoral”. “Después de la sentencia civil, le privó del oficio eclesiástico”, sostiene su diócesis en un escrito.

No encaja con lo que dijo en aquella ocasión el obispado a raíz del arresto. En la nota de prensa de 1998, localizada por este diario, se lee: “El obispado confía en la plena inocencia del sacerdote (…), que había sido trasladado a otra parroquia, a petición propia, a comienzos del presente año, habiendo destacado por su dedicación y espíritu de trabajo”. Ahí se habla de traslado, no de renuncia.

López también mantiene que informó a su sucesor, Atilano Rodríguez, actual obispo de Sigüenza y Guadalajara, que permaneció en el cargo de 2002 a 2011, año en que llegó el actual, Raúl Berzosa. “Posteriormente, tan solo le consta que continuó como archivero en el obispado”, apunta la diócesis de León. Pero no es así. De hecho, entra en contradicción con lo manifestado a este periódico, también por escrito, por la diócesis de Ciudad Rodrigo: “Desde entonces, este sacerdote dejó su trabajo como profesor de Religión, ejerciendo, pasado un tiempo, el ministerio pastoral siempre bajo la supervisión de un párroco”. La diócesis se niega, no obstante, a detallar cuánto tiempo pasó hasta que volvió a ser párroco y qué obispo tomó la decisión.

Testimonios recogidos en Serradilla del Arroyo por este periódico coinciden en señalar que el cura condenado llegó al menos en 2002. Es el año en que Julián López se fue a León, en abril. Es decir, si no fue cosa suya, habría sido una decisión de su sucesor, el actual obispo de Sigüenza y Guadalajara. El cura sigue en Serradilla y en agosto de 2011, por ejemplo, fue pregonero de las fiestas. En el pueblo nadie sabe de sus antecedentes. “Lo mandaron primero a Martín de Yeltes y allí no lo quisieron, sabían la historia, y tuvieron que colocarle en otro”, cuenta un vecino de Espeja.